En Cataluña, los agricultores se habían propuesto volver a cortar carreteras para protestar contra el incumplimiento de las promesas acordadas con la Generalitat y exigir que se acelerasen las infraestructuras de riego.
Sin embargo, el Gremi de la Pagesia Catalana, antes denominado Revolta Pagesa, ha desconvocado la protesta tras haber llegado a un acuerdo con el Govern de Cataluña, que este domingo ha anunciado un plan para reducir la burocracia en el sector agrario.
Mientras, continúan convocadas pequeñas tractoradas en diferentes puntos de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Navarra y País Vasco, y no se descartan acciones en la frontera entre España y Francia, según los organizadores.
Las movilizaciones coincidirán con el primer aniversario de la ola de protestas de los agricultores, que a principios de febrero de 2024 participaron en numerosas tractoradas.
El movimiento estuvo inicialmente coordinado por grupos independientes a través de redes sociales, a lo que después se sumaron las principales organizaciones agrarias.
Movilizaciones
Las movilizaciones en España y otros países de la UE llevaron a la introducción de reformas para una mayor flexibilización y menor burocracia de la política agraria europea, mientras que el Gobierno español firmó un paquete de 43 medidas con las organizaciones UPA y Unión de Uniones para dar solución a los problemas del campo.
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La Unión de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) ha justificado las tractoradas porque, un año después del «primer aniversario del inicio de la revolución del campo», «el sector primario se encuentra más vulnerable que nunca».
En su opinión, la falta de apoyo institucional, el aumento de los costes de producción y las amenazas de acuerdos comerciales como el de la UE con el Mercosur han empeorado las condiciones de trabajo y la viabilidad de las explotaciones.
Los agricultores de Unaspi también protestan por las políticas verdes europeas que se traducen, por ejemplo, en las restricciones sobre el uso de productos fitosanitarios y la presión por alcanzar objetivos medioambientales «poco realistas».
