Las organizaciones agrarias mantienen la presión en la calle a pesar de que el Parlamento Europeo ha frenado temporalmente la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, al solicitar un dictamen jurídico sobre su compatibilidad con los Tratados comunitarios. El sector considera que la decisión supone un avance político relevante, pero insiste en que no es el final del proceso y advierte de que solo la movilización social podrá impedir que el acuerdo salga adelante en los términos actuales.
Desde el campo, la lectura es clara: se ha ganado tiempo, pero no la batalla definitiva. La COAG valora la votación como un respaldo político a las reivindicaciones agrarias, aunque subraya que el proceso puede prolongarse durante uno o dos años, plazo en el que la UE podría intentar reactivar el acuerdo. “Hemos ganado una batalla, no la guerra”, advierte la organización, que llama a intensificar las protestas en toda Europa.
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En la misma línea, AVA-ASAJA considera que el aval del Parlamento Europeo es consecuencia directa de las movilizaciones celebradas en Bruselas y Estrasburgo, impulsadas junto a otras organizaciones del COPA-COGECA. La asociación recuerda que el acuerdo UE-Mercosur genera un fuerte rechazo en sectores como cítricos, arroz, ganadería y apicultura, especialmente en territorios productores como la Comunitat Valenciana, y reclama al Gobierno español una defensa firme del principio de reciprocidad.
Las organizaciones agrarias coinciden en que las dudas jurídicas y políticas sobre el tratado siguen plenamente vigentes. A su juicio, el acuerdo responde a un modelo comercial “obsoleto”, negociado desde finales de los años noventa, que no tiene en cuenta las exigencias actuales en materia medioambiental, sanitaria, de bienestar animal y de sostenibilidad social que sí se imponen a los productores europeos.
Por ello, ASAJA, COAG y UPA mantienen el calendario de movilizaciones entre el 26 y el 30 de enero, con el 29 como jornada clave de protestas en distintos puntos del país y de Europa. El objetivo es claro: evitar que el acuerdo con Mercosur avance sin garantías de igualdad de condiciones y sin proteger la viabilidad del modelo agrario europeo.

































































































