Las consecuencias de la degradación del suelo afectan aproximadamente a 1.700 millones de personas en todo el mundo que viven en zonas donde los rendimientos agrícolas han descendido un diez por ciento.
«De ellas, 47 millones son niños menores de 5 años que sufren retraso en el crecimiento», añade el informe.
Según el documento, «los países asiáticos son los más afectados, tanto por su deuda de degradación acumulada como por su alta densidad poblacional».
Y subraya que «la degradación del suelo no es solo un problema ambiental, sino que afecta la productividad agrícola, los medios de vida rurales y la seguridad alimentaria».
“Para aprovechar estas oportunidades, debemos actuar con decisión. La gestión sostenible de la tierra requiere entornos propicios que apoyen la inversión a largo plazo, la innovación y la responsabilidad compartida”, destaca en el informe el director general de la FAO, QU Dongyu.
La FAO define la degradación de la tierra «como un declive a largo plazo en la capacidad del suelo para ofrecer funciones y servicios ecosistémicos esenciales».
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Las causas de esta degradación, explican, son una combinación de factores que «incluyen causas naturales, como la erosión y la salinización del suelo» pero también los de origen humano, «que son cada vez más predominantes» como «la deforestación, el sobrepastoreo y las prácticas agrícolas y de riego insostenibles».
La FAO explica que la aplicación de prácticas sostenibles «como la rotación de cultivos y el uso de cultivos de cobertura para preservar la salud del suelo, reducir la erosión y contribuir a la biodiversidad» podría restaurar una producción suficiente para alimentar a 154 millones de personas adicionales cada año.
«Estas cifras no son abstractas: representan oportunidades reales para fortalecer la seguridad alimentaria, aliviar la presión sobre los ecosistemas naturales y construir sistemas agroalimentarios más resilientes», destacan.
Para lograrlo, el informe SOFA 2025 «aboga por estrategias integradas de uso de la tierra e intervenciones políticas, incluidas medidas regulatorias como controles a la deforestación, programas basados en incentivos y mecanismos de condicionalidad que vinculen los subsidios a resultados ambientales».
