En un escenario de cambio climático, inestabilidad geopolítica y transformación tecnológica es necesario cambiar la forma de producir, comprar y consumir alimentos. Al mismo tiempo, es preciso garantizar los medios de vida de los productores primarios y de los actores de la cadena de suministros, para que obtengan retornos económicos justos y que generen nuevas oportunidades de desarrollo, según expuso el ministro de Agricultura.
Y en este escenario, la Estrategia Nacional, anunciada por el presidente del Gobierno en noviembre pasado, pretende ser un instrumento útil con el que construir las políticas públicas en materia alimentaria, siempre enfocadas a conseguir un sistema sostenible, competitivo y arraigado en el territorio.
La Estrategia pretende ser también la posición propia de España, en el debate sobre sistemas alimentarios al que van a asistir las economías mundiales en los próximos años. La agenda política internacional incluye ya entre sus prioridades la transición de los actuales sistemas alimentarios hacia modelos más sostenibles y asequibles. En el caso de Europa, la Agenda Estratégica 2024-2029 acordada el pasado 27 de junio por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión incluye entre sus objetivos la soberanía alimentaria. Además, está previsto que en esta nueva legislatura europea la Comisión presente una normativa sobre sistemas alimentarios saludables.
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Para su elaboración, en los últimos meses, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha trabajado en el establecimiento de unos pilares sobre los que articular la Estrategia Nacional de Alimentación que son seis. seguridad alimentaria; sostenibilidad; revitalización de las áreas rurales; nutrición y salud; innovación y tecnología y, por último, consumidor.
Y ahora se abre un proceso de participación pública, que confluirá en una herramienta “útil para todos los eslabones de la cadena alimentaria y para la ciudadanía”. Se prevé organizar tres foros en los próximos meses y reuniones de trabajo. Una vez elaborado un borrador de texto, se someterá a procedimiento de consulta pública. El cronograma de trabajo contempla que el texto final pueda estar concluido en marzo de 2025.
