Los hogares españoles han pasado de consumir más de 21 kilos de naranjas en 2013 a menos de 12 kilos apenas una década después, según los datos del Ministerio de Agricultura. Así, cada hogar —definido como la persona o conjunto de personas que ocupan en común una vivienda familiar o parte de ella y consumen alimentos y otros bienes con cargo a un mismo presupuesto—, apenas consume un kilo al mes. Trasladado al ámbito europeo, la disminución en el consumo de naranjas es del 20% en los últimos cinco años —según datos de la Comisión Europea (CE)—. De hecho, si volviéramos al consumo de naranjas de hace diez años, se necesitaría casi media España más para poder producirlas.
Así lo denuncia SOS Rural, plataforma independiente en defensa del medio rural, que identifica que esta pérdida de buenos hábitos alimenticios es uno de los grandes problemas para los productores españoles, en particular, y para la salud de la sociedad, en general. “Un pequeño aumento en el consumo de productos agroalimentarios de calidad, como los españoles, es el mejor camino para defender la salud de los ciudadanos y a nuestros agricultores”, argumenta Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, quien ha presentado en Bruselas la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) de SOS Rural “Sin agricultores, sin comida” —No farmers, no food—, invitados por el Comité Económico y Social Europeo (CESE).
Sin embargo, España es el tercer país de la UE en obesidad infantil —según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)—, un 30% de los españoles desconoce qué significa ultraprocesado y cerca del 60% no sabe diferenciar este tipo de alimentos de otros que no lo sean —según el informe de la Fruit Juice Science Centre (FJSC), de 2024—. Esto explica que este tipo de productos supongan ya más del 20% de la dieta de los españoles —según la publicación The American Journal of Clinical Nutrition—: “La educación en una buena alimentación es vital, ya que en la actualidad más de la mitad de la sociedad española no diferencia entre comerse una naranja o un bollo industrial”, lamenta Corbalán.
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En este contexto, SOS Rural ha exigido a la CE la creación de un marco legislativo integral que proteja la agricultura, la economía rural de Europa y que potencie la educación y la conciencia social sobre la importancia del sector agroalimentario europeo: “La mejor estrategia para proteger la salud de todos los ciudadanos es garantizando por parte de la UE la soberanía y la seguridad alimentaria”, resalta la portavoz de SOS Rural.
Principales ejes de la ICE
Asimismo, SOS Rural exige a través de su ICE garantizar el uso prioritario de las tierras agrícolas para la producción de alimentos, asegurando el acceso de los agricultores y las comunidades rurales a las infraestructuras y el transporte, la financiación, la digitalización, el trabajo, el emprendimiento y la educación.
Además, SOS Rural reclama una mejora de la gestión del agua para apoyar la seguridad alimentaria y establecer un Plan Hidrológico Europeo. “La falta de una infraestructura hidráulica pública que funcione para evitar la contaminación es un mal que afecta a toda la UE y por eso necesitamos un Plan Hidrológico Europeo que garantice el suministro y la distribución de agua entre todos los territorios de la Unión”, asevera Corbalán.
SOS Rural ha solicitado también la creación de una Agencia Europea de Agricultura y Economía Rural, una autoridad europea permanente que permita supervisar y observar la protección de la agricultura y la economía rural en el proceso de toma de decisiones de la UE. “Esta Agencia, de carácter permanente, debe certificar el respeto de los derechos e intereses de la agricultura y de la economía rural”, defiende la portavoz de SOS Rural.
