El acuerdo representa el primer paso concreto dentro de la iniciativa de simplificación que la Comisión viene impulsando para mejorar la aplicación de la PAC y hacerla más eficiente, especialmente para los pequeños y medianos agricultores.
Menos burocracia y más apoyo a los pequeños productores
El texto provisional mantiene el núcleo de la propuesta presentada por la Comisión en mayo. Entre las principales medidas destaca la reducción de la carga administrativa tanto para los agricultores como para las administraciones nacionales, así como la simplificación de los controles sobre el terreno.
Asimismo, se prevé reforzar el apoyo a los pequeños agricultores mediante pagos simplificados y normas más flexibles para las explotaciones ecológicas. El paquete también contempla pagos por situaciones de crisis dirigidos a agricultores activos afectados por desastres naturales o fenómenos climáticos adversos.
Los colegisladores han alcanzado además acuerdos sobre aspectos clave como la arquitectura verde, el apoyo a las regiones ultraperiféricas y la interoperabilidad de los datos, lo que permitirá una aplicación más eficiente y coherente de la PAC en todo el territorio comunitario.
Beneficios concretos para agricultores y administraciones
Las medidas incluidas en este paquete aportarán beneficios tangibles a los agricultores europeos, al reducir el papeleo, aumentar la flexibilidad y facilitar el acceso a las ayudas. Según las estimaciones de la Comisión, las reformas podrían generar un ahorro anual de hasta 1.600 millones de euros para los agricultores y 210 millones de euros para las administraciones nacionales.
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Además, los nuevos mecanismos harán que los pagos, requisitos y herramientas de gestión de crisis sean más simples y ágiles, consolidando así este paquete de simplificación como uno de los resultados más significativos de la actual PAC.
Entrada en vigor y próximos pasos
Una vez confirmado formalmente por el Parlamento y el Consejo, el acuerdo permitirá que las medidas entren en vigor antes de finales de 2025, con efectos directos a partir de 2026.
La Comisión subraya que este avance refleja su compromiso con un modelo agrícola más competitivo, flexible y adaptado a los desafíos climáticos y económicos actuales, manteniendo al mismo tiempo los objetivos de sostenibilidad y seguridad alimentaria de la Unión Europea.
