La asociación Agricultura Viva en Acción publicó el pasado 18 de enero un artículo titulado “Parece mentira pero es cierto”, difundido en diversos medios. En él, analizaron la evolución de los precios de algunos productos agrícolas como consecuencia de la ola de frío que ha asolado a los países productores del arco mediterráneo, y reflexionaron acerca de la forma en la que se estaban presentando estos datos de cara a la opinión pública. Desde entonces, se han producido hechos “que nos causan una creciente preocupación”.
La Ministra de Agricultura propuso públicamente adoptar medidas desde la ley de la cadena alimentaria para frenar los altos precios, aunque no se han concretado en qué consistirán ni contra quiénes irán dirigidas. Tras las declaraciones de García Tejerina, los precios que se estaban pagando a los agricultores españoles en cooperativas, alhóndigas y SAT, “comienzan a caer en picado”. Desde Agricultura Viva en Acción señalan que “ha salido a la luz pública en prensa que responsables del Ministerio de Agricultura acompañados de representantes de la organización Coexphal, realizaron durante el mes de diciembre(días 17 y 18) y con carácter ‘Top Secret’, una serie de visitas a fincas experimentales en Almería y otras visitas a fincas particulares de agricultores de la zona. Estas visitas por tierras almerienses, se enmarcaban dentro de un viaje conjunto que incluyó Almería, Holanda y Marruecos (no sabemos si los de Holanda y Marruecos con igual carácter de top secret). La finalidad del viaje a Almería era conocer de primera mano la situación de las explotaciones agrícolas, para más tarde poder elaborar una comparativa de la situación de las explotaciones españolas frente a las demás”. Con toda la información se pretende poner en marcha propuestas y ayudas públicas encaminadas a mejorar la productividad en las explotaciones, que también les permitan ser más competitivas.
Además, desde la Unión Europea “se abren las puertas de Europa cada vez a más países terceros, con tratados y acuerdos agrícolas”. En estos quince últimos días se ha hablado de la suspensión de negociaciones del TIPP con EEUU, acuerdos agrícolas con Canadá y el Acuerdo con Marruecos. “Algunos de estos, a pesar de haber sido cuestionados incluso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han seguido ejecutándose en Europa. Ahora se anuncia que se reforzarán las relaciones con Marruecos en materia agrícola, lo que significa, básicamente, ampliar los cupos a las importaciones y facilitar las condiciones de entrada a los frutos procedentes de ese país”.
También en los últimos días han saltado las primeras alertas sanitarias procedentes de algunos países como Turquía. Y se ha constatado de forma “inexplicable, que algunos frutos como las fresas procedentes de países no miembros de la Unión Europea, que carecen de la calidad y la seguridad alimentaria de las onubenses, se venden en Europa a precios que triplican los de la fresa española. Parece que algunas distribuidoras alemanas tienen algo que ver, según publican algunos sindicatos del campo”.
Desde la asociación Agricultura Viva en Acción denuncian que “Europa utiliza la importación de productos agrícolas de terceros países como moneda de cambio” en los acuerdos comerciales. Esta práctica genera severas consecuencias económicas en el sector agrario europeo y muy especialmente en determinados países del sur. Se obliga a los agricultores y ganaderos europeos a competir en precios con terceros países donde el nivel de vida, los costes, el sistema impositivo… etc. no son en modo alguno, comparables. De esta forma se causa un evidente perjuicio, y se comete la imprudencia de convertir el sector agrario europeo en un sector condenado a ser subsidiado. Además, se produce el sinsentido de que los precios más bajos obtenidos en las importaciones de frutos, no se trasladan a los consumidores, de forma que con tales prácticas “sólo se favorece a los especuladores, penalizando a los productores y a los consumidores”.
Desde Agricultura Viva en Acción abogan por generar soluciones. Una de estas propuestas fue entregada en mano a europarlamentarios en una visita que hicieron a Almería en el mes de octubre de 2016. Se trata de un proyecto de mejora del sistema de comercialización de los productos agrarios, con modelos de documentos y contratos. “El proyecto es aplicable a los agricultores y ganaderos españoles y europeos. Fija unas bases aplicables a cualquier producto del campo. Los agricultores queremos vivir de nuestro trabajo. No queremos ayudas ni ser un sector subsidiado. Esa es la antesala de la desaparición. Queremos que se respete la normativa comunitaria, que se proteja a todos los Estados Miembros, a los ciudadanos, a los consumidores, a los productores y los recursos económicos europeos, especialmente los básicos para la población y los estratégicos de cara al futuro”.
Asimismo, quieren dejar claro que los agricultores “no tenemos nada que ver con la escalada en los precios” de las frutas y hortalizas. “No nos interesa porque nosotros mismos somos también consumidores, y porque cuando un producto tiene un precio muy alto o desorbitado se retrae el consumo. Un riesgo muy alto porque en nuestros cultivos invertimos todo nuestro dinero y nuestro trabajo, que solo podremos recuperar si vendemos. Dos meses de buenos precios no nos salvarán. Puede que ni tan siquiera tengamos beneficios, pero nos han regalado un poco de optimismo. Hay la mitad de frutos por la pérdida de cosechas. Hemos vendido la mitad de frutos al doble de precio”.
Señalan como causantes de esta situación a “los especuladores, que actúan como intermediarios en algunos casos controlados por los canales de distribución. Operan en el mercado haciendo que el consumidor tenga que pagar por un alimento, un precio final que multiplica por 4 , 5, 6 y más veces, el precio que recibe el agricultor o ganadero que lo produce”, como se puede constatar consultando el IPOD.
Una manera de proteger a los consumidores y poner cierto orden en el mercado agrario, sería “efectuar un estudio serio de dicho mercado y sentar unas bases que aseguren una provisión suficiente, continuada y sostenible de productos para abastecer el mercado. En tal sentido le comunicamos, que nuestra asociación remitió en octubre de 2016 a su ministerio a través de la AICA y a otros servicios responsables del análisis de los contratos tipo aplicables en el sector agrario, copia del proyecto de mejora del sistema de comercialización y copia de algunos contratos propuestos para su análisis. Daríamos una solución que permite estabilidad en los mercados sin altibajos incontrolados como el que hemos vivido”.
Finalmente hacen un llamamiento a las organizaciones interprofesionales del sector, que disponen de herramientas con las que apoyar a los agricultores para garantizar su supervivencia, adoptando ciertos acuerdos ante situaciones extraordinarias de crisis en los mercados. “Que las utilicen. Algunas de estas organizaciones ya conocen a nuestra asociación, tienen copia de nuestro proyecto de mejora del sistema de comercialización, mantenemos ciertas vías de comunicación abiertas y estamos en trámite de incorporación”.
