La foto general transmite optimismo. Sin embargo, tiene una fuerte espada de Damocles que, con toda seguridad, atravesará uno de sus órganos vitales: la reducción de la jornada laboral. Casi con absoluta garantía, la nueva jornada de 37,5 horas entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Tras unos años con un fuerte incremento de costes, en estos momentos estabilizados, las compañías afrontan un nuevo reto que generará dificultades organizativas y productivas para cubrir la plantilla necesaria, lo que aportará índices económicos de menor rentabilidad.
Las cifras hablan por sí solas: el 60% de las empresas o bien se mantiene estable en rentabilidad o ha experimentado un retroceso en este indicador, a pesar de su aumento en ventas.
Hace pocos días, incluso la patronal de la distribución, ASEDAS, ha levantado la voz. Su diagnóstico es claro: la medida tendrá un efecto directo sobre los precios que pagarán los consumidores.
La disponibilidad de mano de obra en todos los eslabones de la cadena (ahora incluidos también los supermercados, algunos de los cuales han optado por formar primeramente a sus empleados) es un problema enquistado.
La reducción de la jornada laboral sin una estrategia realista detrás puede tener efectos colaterales difíciles de asumir.
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¿Está preparado el sector para soportar otro golpe? Si la rentabilidad ya estaba contra las cuerdas, todo indica que lo estará aún más.
