La ministra de Transición Ecológica suspendió la reunión programada con alcaldes de la zona después de que el PSOE andaluz denunciara que el Gobierno de Juanma Moreno ha recogido en un nuevo decreto parte de la ley que provocó el choque inicial entre los dos gobiernos y que abría la puerta a la legalización de cultivos en el entorno del parque natural. El Ejecutivo andaluz niega haber vuelto a la proposición de ley que el PP y Vox impulsaron en el Parlamento andaluz y explica que sólo han adaptado la ley forestal andaluza a la estatal.
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La confederación del Guadalquivir
La clave podría estar en el artículo 98 del Reglamento Forestal de Andalucía. En este artículo se precisa que “las solicitudes relativas a cambios de uso de terrenos forestales deberán acreditar la viabilidad técnica y económica del nuevo uso y justificar la inexistencia de riesgos graves de erosión o degradación del suelo, los recursos hídricos o el ecosistema forestal en su conjunto. Cuando se pretenda implantar usos agrícolas, podrá exigirse el informe de la Consejería de Agricultura y Pesca en relación con la rentabilidad y en el caso de regadíos se exigirá la concesión administrativa para riego otorgada por el organismo. competente”, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del propio Ministerio de Transición Ecológica.
