La reciente imposición de un arancel del 30% al ajo procedente de China por parte de Estados Unidos ha desatado una reacción en cadena en el mercado internacional. Con la puerta estadounidense prácticamente cerrada, China busca recolocar su producción en Europa, lo que anticipa una entrada masiva de producto fuera de cupo que podría desestabilizar aún más al sector español.
“Los chinos van a vender ese ajo en Europa y otros mercados en los que estamos presentes y eso nos va a hacer daño”, advierte Luis Fernando Rubio, portavoz de ANPCA (Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo). Aunque el contingente anual europeo establece un cupo de 53 millones de kilos de libre acceso con el arancel “ad valorem” del 9.6%, todo lo que entre fuera de ese límite pagará un arancel disuasorio de 1,20 €/kg o 1.200 €/t. “Aun así, si China sigue bajando el precio, el diferencial podría ser suficientemente atractivo para que el ajo chino inunde el mercado europeo.”
Pero el problema no viene solo de Oriente. Egipto, amparado por un acuerdo de libre comercio con la UE, ha incrementado notablemente su presencia, al igual que Turquía, que expande sus superficies de cultivo. Frente a esta competencia desigual, con producciones que no soportan los mismos costes de mano de obra, de seguridad alimentaria y de insumos, los productores españoles se enfrentan a una realidad dramática: en los dos últimos años, la superficie dedicada al ajo ha caído un 30%. Sin embargo, este año, se ha producido una escasa recuperación de un 5% en superficie.
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Esta contracción no es casual. El cultivo del ajo en España —profundamente social, que fija población en el medio rural y genera empleo en muchos pueblos de regiones como Castilla-La Mancha o Andalucía— lleva años luchando contra la falta de rentabilidad. “Desde hace cinco años, los costes productivos han aumentado un 30%, y las explotaciones no logran diluir ese sobrecoste por la caída de rendimientos debido la falta de materias activas que ayuden en la protección del cultivo y sus bajos precios”, explica Rubio. A ello se suma la falta de relevo generacional, un problema que amenaza con condenar el cultivo a la desaparición.
Incertidumbre en 2025
La actual campaña llega además con incertidumbre añadida: los retrasos han obligado a reprogramar pedidos y existe una grave carencia de fitosanitarios, hasta el punto de haberse solicitado medidas excepcionales para continuar con la cosecha.
Con más de 65 jornales por hectárea solo en campo, y sin contar con los trabajadores de los almacenes, el ajo es uno de los cultivos más intensivos en mano de obra. Su pérdida no solo significaría una crisis agrícola, sino también un duro golpe al sostenimiento del medio rural. Desde el sector se pide una actuación decidida por parte de las instituciones europeas para frenar la entrada descontrolada de un producto foráneo que no dispone de la seguridad alimentaria necesaria para el consumidor europeo, y así garantizar la viabilidad de un cultivo muy ligado al territorio.
