Los supermercados y autoservicios españoles cuentan con una infraestructura de refrigeración innovadora y moderna que permite hacer frente a las altas temperaturas típicas de nuestra zona geográfica y a las sucesivas olas de calor que sufre España desde el mes de junio. La garantía de la seguridad alimentaria, la calidad de los alimentos y el control de desperdicio, sean cuales sean las circunstancias climáticas, son prioridades para el sector.
A pesar de ello, existe una gran inquietud entre las empresas de la distribución de alimentación por el estricto calendario que impone el Reglamento 2024/573 sobre los gases fluorados de efecto invernadero, conocido como F-Gas, que prevé una transición contrarreloj hacia gases refrigerantes de bajo Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) y que, además, no ha tenido en cuenta las necesidades de frío en países con altas temperaturas medias, como España.
El sector dispone de apenas cuatro años -hasta 2030- para desescalar en el uso de los gases fluorados actuales, mientras que la industria frigorífica fija un horizonte más realista en el año 2032. Lo que la distribución alimentaria solicita es que se realice una revisión más ajustada al estado de la tecnología, a la disponibilidad de las soluciones alternativas y de los gases fluorados adecuados. Los principales problemas que podrían impedir cumplir los plazos son dos:
- Falta estructural de mano de obra especializada. Se estima un déficit de casi 10.000 técnicos cualificados en España para acometer las reformas necesarias. Mientras que el volumen de trabajo derivado de la transición tecnológica ha crecido un 30 por ciento, las plantillas del sector de la instalación frigorífica solo han aumentado entre un 5 y un 10 por ciento, según la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (AEFYT).
- Riesgo de desabastecimiento de gases refrigerantes. En 2027, la F-Gas propone una bajada de cuota de los gases fluorados actuales según su PCA, lo que ya está suponiendo que los gases más comunes y que sirven como transición estén empezando a no comercializarse, con el riesgo de desabastecimiento que supone para mantener las tiendas hasta su reforma definitiva. Esto implica que soluciones de transición -gases con menor PCA, pero que funcionan en las instalaciones actuales- podrían no estar disponibles.
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Además, la reconversión de las instalaciones de los supermercados y autoservicios requiere una inversión que supera los 2.500 millones de euros para las empresas, según calculamos desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS). La capacidad de absorción de costes de inversión tan elevados puede poner en riesgo el funcionamiento de algunas tiendas por la imposibilidad técnica o económica de adaptar sus equipos para garantizar la cadena del frío.
Cabe recordar que, según el Informe de Distribución Alimentaria de Proximidad 2025 de Retail Data y ASEDAS, la red de supermercados y autoservicios es el motor de una inversión anual global de unos 3.000 millones de euros destinados a aperturas y reformas. De hecho, el sector ha demostrado un dinamismo extraordinario en los últimos años: el 40 por ciento de la red total (más de 10.500 tiendas) ha sido inaugurada o reformada integralmente en el último lustro (2020-2025). Esto incluye cambios en las instalaciones de frío, muchas de las cuales se ven ahora enfrentadas al problema de adaptarse a las nuevas exigencias de refrigeración cuando aún no han sido amortizadas.
“Desde ASEDAS se apuesta por la transición hacia una economía más sostenible y se comparte el objetivo climático que obliga a la Unión Europea a reducir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 90% para 2040 respecto a los niveles de 1990. Sin embargo, una transición ordenada con medidas proporcionadas ayudaría a que este camino sea justo para todos los operadores, especialmente pymes y países que deben hacer un esfuerzo mayor para la adaptación”, dijo María Martínez-Herrera, directora de Consumo y Alimentación de ASEDAS.
