MITECO amplía las ayudas al ahorro energético en explotaciones agro hasta 2023

Este programa, iniciado en marzo, cuenta con una dotación de 30 millones para favorecer el ahorro energético y mejorar la competitividad de la agricultura y la ganadería.
teresa ribera consejo ministros

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado un Real Decreto que amplía hasta el 31 de diciembre de 2023 el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias, cuyo plazo inicial terminaba a finales de este año. Aprobado en marzo, el programa cuenta con 30 millones de euros para favorecer el ahorro energético y la competitividad del sector, así como medidas para incentivar las energías renovables y la reducción de las emisiones de CO2, contribuyendo al cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

Las ayudas, financiadas con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y coordinadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), cubrirán hasta el 30% del coste necesario para la ejecución del proyecto. Estas inversiones contribuyen a la generación de empleo y la actividad económica, claves en un contexto de recuperación tras la crisis provocada por la COVID-19.

La ampliación del periodo de vigencia del programa durante dos años más garantizará que se ejecuten las actuaciones inicialmente previstas, en consonancia con las obligaciones de reducción de consumo de energía final establecidas por la normativa europea, así como la posibilidad de realizar otras acciones que contribuyan, al mismo tiempo, a la recuperación económica y social tras la pandemia.

Los destinatarios de estas ayudas son personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, titulares de una explotación agropecuaria; las Comunidades de Regantes y otras organizaciones dirigidas a la gestión de agua para el riego agropecuario o la gestión común de otras fuentes de energía para fines agropecuarios; los titulares de explotaciones agropecuarias de regadío que utilicen redes de riego que necesiten consumo de energía eléctrica; cualquier organización de productores agropecuarios reconocida, las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía y las empresas de servicios energéticos.

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