Esta decisión supone un avance tras las reivindicaciones del sector agrario granadino, que venía denunciando la exclusión inicial de seis comarcas —Los Montes, La Alpujarra, Valle de Lecrín, Guadix, Baza y Huéscar—, aunque han provocado preocupación e incertidumbre en el sector.
La nueva disposición establece que el Ministerio podrá incorporar nuevos municipios al listado inicial, siempre que se justifique mediante criterios objetivos basados en índices analíticos de los daños provocados por los fenómenos climatológicos. Esta ampliación se realizará de manera excepcional y mediante orden ministerial.
Desde Cooperativas Agroalimentarias de Granada, UPA, ASAJA, COAG, y los municipios afectados se valora esta modificación al entender que responde al trabajo conjunto desarrollado por las organizaciones agrarias, ayuntamientos, partidos políticos y el conjunto del sector, pero se esperaba una respuesta más ágil para los agricultores afectados. «Esperábamos más de este decreto”, han asegurado desde esta comisión. Y han informado de que a partir del lunes se pretende establecer una negociación directa con el Ministerio de Agricultura.
Objetivo
Así, aunque han querido también reconocer la interlocución institucional y la implicación del subdelegado del Gobierno, desde la organización insisten en que este es un paso más. “Vamos a seguir trabajando para justificar adecuadamente los daños y trasladar al Ministerio toda la información necesaria, con el objetivo de que ningún municipio afectado quede fuera”, han afirmado.
Compromiso
En este sentido, han añadido que “nuestro compromiso es claro: que todos los agricultores y ganaderos que han sufrido pérdidas puedan acceder a estas ayudas, tal y como venimos reclamando desde el principio. Es una cuestión de justicia”.
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Por último, han concluido que el sector mantendrá su vigilancia: “Vamos a seguir hasta que todos los municipios y todos los agricultores que han sufrido daños reciban las ayudas que les corresponden. No puede haber territorios excluidos cuando los daños han sido los mismos”.
Según las estimaciones realizadas por el sector, los daños totales en la provincia ascienden a unos 117 millones de euros, afectando a cerca de 21.000 agricultores y ganaderos en las zonas excuidas. Esto suponía perder cerca de 100 millones de euros en ayudas directas, fundamentales para la recuperación de las explotaciones.
