La Ley pone su peso solo en restaurantes, supermercados y centrales de manipulado, que, desde ahora, estarán obligados a ciertos imperativos para prevenir y evitar pérdidas alimentarias, pero excluye a la fase de producción.
Según el Ejecutivo se trata de una Ley que responde a la justicia social, la protección ambiental y el crecimiento económico. Punto, este último que, personalmente, no entiendo. Crecimiento económico, ¿de quienes? No será de los agricultores.
Pongo por caso, ejemplos para mí muy cercanos. Tras las lluvias de marzo, el 80% de la cosecha valenciana de cebolla se ha perdido por la falta de materias activas para atacar el mildium. Y el kaki, en estos momentos, lucha contra 5 plagas. La última de ellas, recién aparecida. Los investigadores se apresuran a buscar soluciones, pero aún no cuentan con un tratamiento absolutamente eficaz. Las pérdidas en campo llegan muchas veces al 30% de la fruta.
Un tercer caso, relatado en esta edición en nuestro Especial Patata, es el de la cosecha mallorquina de patata, muy apreciada por su precocidad, que se reduce un 10% por la misma situación. El sector está al límite y necesita a todas luces tratamientos efectivos para continuar la actividad, no solo en las islas, sino en toda la península.
En este mismo sentido, también relatamos el mismo problema con el pimiento y la sandía almeriense. En fin, estos ejemplos, podrían ser una lista muy larga.
¿Qué sentido tiene contar con leyes contra el desperdicio alimentario si al mismo tiempo se sesgan soluciones fitosanitarias que provocan más desperdicio? ¿Es lógico disminuir productos seguros sin tener el sustitutivo?
Llegados a este punto, hay que decir que la vulnerabilidad de los agricultores es extrema. Solo les queda pedir algunos fitosanitarios como medida excepcional y esto no siempre llega a buen término y, por supuesto, el derecho al pataleo.
