La asociación asesora uno de sus asociados y consigue que el juzgado le dé la razón y la administración le tendrá que devolver la multa y los intereses.
Afrucat, Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña, ha acompañado a uno de sus fruticultores en el proceso de recurrir una sanción de 10.000 euros por contratación ilegal y finalmente el juzgado de lo social ha dado la razón al demandante y ha obligado a la Administración pública a devolver los 10.000 euros que le impuso de multa más los intereses.
La denuncia se dio el pasado verano cuando inspección de trabajo realizaba un control en una finca y un trabajador de origen senegalés huyó corriendo. Al día siguiente el fruticultor y el trabajador se personaron ante inspección y entonces se descubrió que el trabajador había utilizado los papeles de un pariente suyo para formalizar el contrato. A pesar de que el fruticultor desconocía ese hecho y que el contrato era legal y el empresario estaba al día de las obligaciones fiscales y de la seguridad social, la Administración lo multó con 10.000 euros, cantidad que podía rebajar por pronto pago y rebajar aún más si asumía la culpa por escrito.
El agricultor, asesorado por Afrucat, decidió alegar, y se lo denegaron, recorrió mediante un recurso de alzada, y se lo denegaron. Finalmente, se puso en manos de una abogada y recurrió la multa vía el juzgado de lo social. El juez ha dado la razón al fruticultor y ha condenado a la administración a devolver el dinero con intereses.
La sentencia recoge que el agricultor obró correctamente, con un contrato legal y con todas las obligaciones al día y que, en ningún caso, se puede constatar mala fe o mala praxis por su parte, sino que fue el propio agricultor el que fue engañado.
Manel Simon, director de Afrucat: «recomendamos a nuestros fruticultores y a todos los agricultores que contraten personal que defiendas sus derechos si creen que han actuado de acuerdo a la ley. En este caso se ha demostrado que el acusado ha sido más víctima que infractor »
Simon ha añadido que, «aunque todos los casos no son iguales, tenemos plena confianza en el buen trabajo de nuestros fruticultores y no se puede permitir que se encuentren en una situación de indefensión si hacen las cosas de manera correcta».
El director general de Afrucat pide a la Administración que proteja los agricultores para darles seguridad jurídica.
