Francia, que fue líder del grupo de países que votaron a favor de la prohibición de los neonicotinoides en abril de 2018, ahora da marcha atrás ante la ausencia de herramientas fitosanitarias u otras alternativas de sanidad vegetal para los agricultores galos contra plagas en remolacha.
Esta medida pone en entredicho de nuevo la idoneidad de las decisiones políticas europeas relativas a las herramientas de sanidad vegetal, en las que pesan más las convicciones ideológicas que los resultados de una evaluación con el respaldo científico, como es el caso del glifosato, según ALAS.
Ante la ausencia de herramientas fitosanitarias u otras alternativas de sanidad vegetal, el gobierno galo va a presentar al Congreso un proyecto de ley para finalmente autorizar excepcionalmente la siembra de semillas tratadas con neonicotinoides (NNIs) en enero de 2021.
En el caso de España, también se ha visto afectada por la ausencia de herramientas, en concreto de NNIs para la remolacha, y por este motivo, los dos últimos años el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha otorgado una autorización excepcional para el tratamiento de semillas.
La falta de sustancias activas autorizadas para la sanidad vegetal y sus consecuencias para la agricultura ya fue anunciada en el Informe “Low Yield” de Steward Redqueen, publicado en 2016, que en el caso de España para los ocho cultivos analizados, entre ellos la remolacha, estimaba pérdidas de producción entre 35% y el 45% y un aumento en los costes por hectárea en torno al 50% amenazando la viabilidad de este cultivo en España.
Esta pérdida de herramientas y por lo tanto de productividad, podría verse agravada como consecuencia de las Estrategias de la Comisión Europea (“Granja a la Mesa” y “Biodiversidad 2030”), que contemplan un objetivo de reducción de uso de productos fitosanitarios del 50% en 2030, según la Alianza por una Agricultura Sostenible, ALAS.
ALAS ya solicitó en la Consulta Pública sobre la “Estrategia de la Granja a la Mesa”, realizada en febrero 2020, la necesidad de realizar un estudio de impacto sobre las consecuencias que el objetivo de reducción de uso de productos fitosanitarios del 50% en 2030 podría tener para la productividad agrícola en España y una decisión así debería supeditarse a la existencia de herramientas alternativas en función de cada cultivo.
ALAS defiende en sus líneas fundacionales que, en la actividad agraria, las tecnologías están totalmente reguladas, como lo están los medicamentos, y sus procesos de evaluación y aprobación, basados en el mejor conocimiento científico, son igual de exigentes. Se defiende también que las decisiones relativas a las herramientas de sanidad vegetal deben adoptarse de acuerdo con los resultados de una evaluación con respaldo científico, solicitando a las autoridades competentes que exclusivamente tengan en cuenta estos criterios a la hora de su autorización.
El motivo fundamental por el que se prohibieron los NNIs en 2018 fue por su supuesto perjuicio a las abejas. ALAS recuerda que, en este sentido, acaba de terminar el mayor estudio de campo, realizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) junto con la Universidad de Córdoba, en el que se demuestra que no hay diferencia significativa sobre la salud de las abejas entre la parte de cultivos tratados y no tratados con los NNIs.
La Alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS) es una agrupación de entidades del sector productor español surgida para manifestar su apoyo a todos los modelos de agricultura productiva sosteniblemente intensificada. ALAS está integrada por las Organizaciones Profesionales Agrarias de ámbito nacional y general ASAJA y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España, la Federación Española de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) y la Asociación Española Agricultura de Conservación/Suelos Vivos (AEAC.SV).
