Desde junio los compradores deberán registrar los contratos antes de entregar el producto

AVA-ASAJA valora que el Gobierno obligue a registrar los contratos para mejorar la protección del productor
Cosecha cítricos

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) valora de manera positiva que el Gobierno central haya establecido la obligación a los compradores de registrar digitalmente los contratos alimentarios porque “permitirá a la Administración mejorar la vigilancia de las transacciones comerciales y la protección de los productores”. Esta medida, que responde a una reivindicación del sector agrario, supone “un paso adelante en la dirección que debe seguir el Gobierno para hacer cumplir de una vez por todas la Ley de la Cadena Alimentaria y, por tanto, prohibir la venta a pérdidas”.

El Real Decreto 1028/2022 regula el registro digital de los contratos alimentarios formalizados con productores primarios y las agrupaciones de estos antes de la entrega del producto objeto del contrato. Dicha inscripción será voluntaria a partir del 31 de enero de 2023 y tendrá carácter obligatorio a partir del 30 de junio de 2023. Los compradores ya pueden darse de alta en el registro, a través de la página web de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), como paso previo a la inscripción de los contratos.

En cuanto a las entidades que venden las cosechas de sus socios, la directora de la AICA, Gema Hernández, aseguró durante una jornada de AVA-ASAJA en Valencia que la legislación también les comporta una serie de obligaciones, como definir las referencias que se emplearán para establecer el precio de las producciones de sus socios y garantizar la cobertura de los costes de producción cuando el producto sale de la puerta del almacén.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, defiende que “un país desarrollado y miembro de la Unión Europea como es España debe asumir las políticas del siglo XXI a favor de la transparencia, la trazabilidad y la profesionalidad en las relaciones comerciales. Creemos que, siempre guardando la confidencialidad, la Administración ha de disponer de las garantías legales necesarias a fin de comprobar con total claridad, exactitud y agilidad las transacciones en el primer eslabón de la cadena, que es donde se producen la mayor parte de los abusos comerciales debido a la debilidad del productor”.

Afirma Aguado que “el Gobierno es plenamente consciente de la problemática que vienen arrastrando los agricultores y ganaderos al carecer de la capacidad real de repercutir la subida de los costes de producción en los precios que perciben. La Administración tiene motivos más que suficientes para actuar: si la población agraria bate récords de envejecimiento, si no hay incorporación de jóvenes y si crece la mancha marrón de los campos abandonados es principalmente por la falta de un precio justo. Confiemos en que el Gobierno seguirá adoptando más medidas dirigidas a reequilibrar la cadena alimentaria y garantizar la sostenibilidad económica de las explotaciones agropecuarias”.

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