El registro electrónico de fitosanitarios preocupa al sector agrario

AVA-ASAJA se suma a la petición de retrasar la obligatoriedad ante las dificultades de adaptación de las explotaciones y reclama flexibilidad en el uso de herramientas digitales
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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) se ha sumado a la petición de ASAJA al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para aplazar hasta el 1 de enero de 2028 la obligatoriedad del registro electrónico de los tratamientos fitosanitarios, regulada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564.

La organización considera que, pese al aplazamiento ya concedido por la Comisión Europea, miles de explotaciones agrarias todavía no disponen de los recursos necesarios para adaptarse a esta exigencia, especialmente las de menor dimensión.

Entre las principales dificultades señala la falta de conectividad en determinadas zonas rurales, los costes de adaptación y las limitaciones tecnológicas que afectan especialmente a agricultores de mayor edad.

ASAJA advierte de que implantar la obligación en los plazos actuales supondría una carga administrativa adicional y podría generar inseguridad jurídica y riesgo de sanciones para agricultores que no cuentan con los medios necesarios para cumplirla.

Libertad para elegir la herramienta digital

Uno de los aspectos que ASAJA considera prioritarios es evitar confusiones entre el registro electrónico de tratamientos fitosanitarios y el Cuaderno Digital de Explotación (CUE).

La organización recuerda que la normativa europea exige disponer de registros electrónicos de los tratamientos que sean legibles por máquina, pero no obliga a utilizar una aplicación específica ni un sistema nacional determinado.

Por este motivo, reclama que los agricultores puedan emplear cualquier herramienta digital que cumpla los requisitos técnicos establecidos, incluidas hojas de cálculo como Excel.

También solicita flexibilizar los plazos para incorporar la información. Frente a la exigencia nacional de registrar los tratamientos en un máximo de 30 días desde su aplicación, ASAJA propone aprovechar las posibilidades de la normativa europea para permitir su anotación hasta el 31 de enero del año siguiente.

La organización considera que esta medida facilitaría el cumplimiento de las obligaciones sin imponer una carga administrativa desproporcionada a las explotaciones.

Una petición conjunta ante la Unión Europea

ASAJA quiere trasladar esta reivindicación al ámbito comunitario y ha solicitado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que impulse una posición común con otros Estados miembros.

En concreto, propone llevar el aplazamiento al próximo Consejo de Agricultura y Pesca de la UE (AGRIFISH), dentro del apartado de otros asuntos, para abrir un debate sobre las dificultades de adaptación que afrontan los agricultores europeos.

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Con este objetivo, la organización iniciará contactos con entidades agrarias de Francia, Alemania, Italia, Portugal, Grecia, Polonia y Rumanía para consensuar una propuesta que pueda trasladarse a la Comisión Europea y a los respectivos gobiernos nacionales.

Asimismo, ASAJA prevé plantear esta reivindicación en sus próximas reuniones con los partidos políticos, coincidiendo con el proceso electoral del 29 de noviembre.

Digitalización gradual y adaptada a las explotaciones

La organización insiste en que su petición no supone un rechazo a la digitalización agrícola, cuyos beneficios para la trazabilidad y la gestión de las explotaciones reconoce.

Sin embargo, defiende que la incorporación de nuevas obligaciones debe realizarse de manera gradual, con seguridad jurídica y acompañada de formación y apoyo técnico, especialmente para los pequeños y medianos productores.

Para ASAJA, el objetivo debe ser avanzar hacia una agricultura más digitalizada sin que la falta de medios, la brecha tecnológica o los problemas de cobertura se conviertan en nuevos obstáculos para la viabilidad de las explotaciones.

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