Para el campo español, la PAC no es una cuestión menor. Las ayudas comunitarias suponen más de 6.000 millones de euros anuales para España y son una herramienta clave para la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas. Sin embargo, el sector percibe un bloqueo en las conversaciones y empieza a asumir que la nueva PAC difícilmente estará lista el 1 de enero de 2028, por lo que podría ser necesario un periodo transitorio.
España recibe alrededor de 47.700 millones de euros de la PAC para el periodo 2021-2027. Entre 2021 y 2025, el país ha percibido el 15% de los fondos comunitarios de esta política. En el último ejercicio cerrado, 577.605 beneficiarios recibieron 5.719 millones de euros en ayudas directas, a las que hay que sumar los fondos destinados al desarrollo rural.
El presupuesto, principal freno de la negociación
Los debates sobre la PAC avanzan en paralelo a la negociación del nuevo marco financiero comunitario. No obstante, no se espera un acuerdo presupuestario definitivo en la Unión Europea hasta final de año, lo que ralentiza también la definición de las futuras ayudas agrarias.
La propuesta de la Comisión Europea plantea integrar la PAC, los fondos pesqueros y los fondos regionales dentro de un gran fondo común. En este modelo, cada Estado miembro presentaría planes nacionales que posteriormente serían evaluados por Bruselas.
Esta fórmula genera inquietud en el sector agrario, que teme una pérdida de peso específico de la PAC dentro del presupuesto europeo y una mayor competencia con otras políticas comunitarias.
La presidencia chipriota de la UE ha presentado esta semana una nueva propuesta presupuestaria que mantiene los recortes planteados inicialmente para los fondos agrícolas y regionales. Los países del norte de Europa, conocidos como “frugales”, apoyan la rebaja, mientras que 16 Estados miembros agrupados como “Amigos de la Cohesión”, entre ellos España, la rechazan. El Parlamento Europeo también se ha posicionado en contra de los recortes.
Los agricultores hablan de parón
Desde las organizaciones agrarias españolas se advierte de una clara sensación de parálisis. El secretario general de COAG, Andrés Góngora, ha señalado que existe “un parón” en las conversaciones sobre la PAC, una percepción compartida también por el director de la oficina de Asaja en Bruselas, José María Castilla.
Para Asaja, el mejor escenario sería evitar cualquier rebaja presupuestaria e incluso reforzar las partidas destinadas a hacer frente a crisis climáticas o geopolíticas. Entre los factores de riesgo figuran la guerra en Irán, los aranceles, las inundaciones y las sequías, fenómenos que afectan directamente a los costes, la producción y la estabilidad de las explotaciones.
Castilla ha valorado, no obstante, los movimientos planteados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras las protestas agrarias. Entre ellos figura la posibilidad de fijar un “objetivo rural” del 10% dentro del plan de cada país en el nuevo presupuesto comunitario. Según Asaja, estos cambios podrían dejar el recorte de fondos agrícolas en torno al 1%.
Muchas cuestiones siguen sin concretarse
Pese a estos anuncios, el sector reclama que los compromisos políticos se traduzcan en textos jurídicos concretos. COAG advierte de que todavía hay demasiadas cuestiones abiertas en aspectos esenciales para agricultores y ganaderos.
Entre los puntos pendientes figuran la definición de “agricultor activo”, la jubilación, el tratamiento de la ganadería y la superficie elegible para recibir ayudas. Todos ellos son elementos decisivos para determinar quién podrá acceder a los fondos de la futura PAC y bajo qué condiciones.
Góngora ha señalado que las organizaciones agrarias están trasladando al Ministerio de Agricultura y Alimentación la necesidad de avanzar en medidas concretas para poder fijar una posición clara ante la reforma.
Una PAC clave para el relevo generacional
La futura PAC también deberá abordar uno de los mayores problemas estructurales del campo: el relevo generacional. Expertos del sector han señalado esta semana, en un seminario virtual de la Plataforma Tierra del Grupo Cajamar, que las ayudas por sí solas no bastan para garantizar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.
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El acceso a la tierra, la rentabilidad de las explotaciones, la estabilidad normativa y la capacidad de inversión serán factores decisivos para que la nueva generación vea la agricultura como una opción viable.
Por su parte, la Coalición Por otra PAC ha pedido reorientar los apoyos hacia quienes más los necesitan, mientras que Asaja reclama normativas más duraderas que permitan a los agricultores planificar sus inversiones con mayor seguridad.
El campo pide estabilidad
Uno de los mensajes más repetidos por el sector es la necesidad de estabilidad. Los cambios frecuentes en la PAC generan incertidumbre en las explotaciones y dificultan la planificación de inversiones a medio y largo plazo.
Castilla ha advertido de que los “bandazos” de las reformas generan ansiedad entre los productores, especialmente en un contexto marcado por el aumento de costes, la presión climática, las exigencias medioambientales y la competencia exterior.
Con este escenario, la reforma de la PAC entra en una fase decisiva, pero todavía marcada por la falta de acuerdo presupuestario, las diferencias entre Estados miembros y la necesidad de concretar medidas que den respuesta real a las necesidades de agricultores y ganaderos.

















































