LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha exigido a Aldi y Lidl que retiren sus promociones de naranjas a 0,95 €/kg, al considerar que estas ofertas devalúan el producto y pueden incrementar la presión sobre los precios que reciben los citricultores.
La organización ha presentado una solicitud formal ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y la Conselleria de Agricultura para que investiguen las condiciones de compra de las naranjas incluidas en las campañas promocionales y comprueben el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Las dos cadenas han anunciado ofertas para esta semana con el mismo precio de venta. Aldi comercializa naranjas Navelina de categoría I y origen España en envases de cuatro kilos, con un descuento del 21%, mientras que Lidl ofrece naranjas españolas de categoría I en mallas de dos kilos, con una rebaja del 36%.
Para LA UNIÓ, estas promociones pueden generar referencias de precios artificialmente bajas y repercutir negativamente en las negociaciones comerciales de los primeros eslabones de la cadena.
¿Quién asume el coste de los descuentos?
La organización considera necesario esclarecer cómo se forman los precios de estas ofertas y determinar si las rebajas son asumidas por las cadenas de distribución o se trasladan a los proveedores y agricultores.
«Aldi y Lidl deben explicar quién paga estas rebajas. Detrás de cada kilo de naranjas hay meses de trabajo, inversiones y gastos que el agricultor tiene que afrontar. El campo no puede convertirse en la variable de ajuste de las campañas comerciales de dos grandes cadenas», señala Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ.
La entidad recuerda que los costes de producción citrícola son elevados y aporta como referencia los estudios del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) correspondientes a la campaña 2019/20.
En aquel momento, el coste del cultivo del naranjo se situaba en 6.004 euros por hectárea sin recolección y en 8.935 euros incluyéndola. Estas cantidades no contemplaban gastos como la renta de la tierra, los seguros agrarios o los intereses del capital propio.
Según los cálculos de LA UNIÓ, una actualización de esas cifras mediante el IPC general elevaría los costes a aproximadamente 7.690 y 11.440 euros por hectárea, respectivamente.
A estos importes deben añadirse los gastos asociados al transporte, selección, manipulación, envasado, distribución y posibles mermas hasta la llegada del producto al consumidor.
Reclaman inspecciones sobre contratos y precios en origen
LA UNIÓ solicita que las administraciones realicen inspecciones para reconstruir la formación del precio a lo largo de la cadena y comprobar la remuneración efectiva que reciben los productores.
Entre la documentación que propone revisar figuran contratos, facturas, liquidaciones, justificantes de pago y acuerdos promocionales, así como posibles descuentos posteriores que reduzcan los importes percibidos por los proveedores.
El objetivo es determinar si las promociones trasladan costes hacia los primeros eslabones y si existen incumplimientos de la legislación alimentaria.
La organización recuerda que la normativa establece obligaciones relacionadas con los costes efectivos de producción y las relaciones comerciales entre operadores, por lo que reclama que su cumplimiento se compruebe también en las ofertas vinculadas a aplicaciones y programas de fidelización.
«Destacar el origen España en un folleto debe ir acompañado de unas condiciones de compra que permitan seguir produciendo aquí. El compromiso con nuestros agricultores se demuestra con los precios que se les pagan», afirma Peris.
Más controles de oficio sobre las promociones agrícolas
Además de investigar estas ofertas concretas, LA UNIÓ reclama al Ministerio de Agricultura y a la Generalitat Valenciana la elaboración de estudios periódicos y actualizados de costes de producción por variedades y sistemas de cultivo.
Considera que disponer de estas referencias facilitaría las actuaciones inspectoras y permitiría detectar posibles operaciones comerciales que perjudiquen la rentabilidad de los agricultores.
La organización también pide que las administraciones refuercen los controles de oficio sobre las grandes promociones de productos agrarios, sin depender exclusivamente de las denuncias individuales de los productores, que pueden temer perder relaciones comerciales.
«Los folletos están a la vista de todo el mundo. La Administración debe actuar con rapidez, seguir la trazabilidad de las operaciones y comprobar cuánto ha cobrado quien ha cultivado esas naranjas. Si se detectan infracciones, debe haber sanciones disuasorias», concluye Carles Peris.
Con esta petición, LA UNIÓ busca que se esclarezca si las ofertas de Aldi y Lidl respetan las condiciones exigidas por la Ley de la Cadena Alimentaria y que las promociones comerciales no terminen repercutiendo negativamente en la rentabilidad de las explotaciones citrícolas.


























































