Las principales organizaciones agrarias y cooperativas han trasladado a las formaciones políticas que concurren a las elecciones del próximo 29 de noviembre sus prioridades para el sector primario. Entre las demandas comunes figuran la necesidad de mejorar la rentabilidad de las explotaciones, contener el impacto de los costes, garantizar una PAC con recursos suficientes, facilitar la incorporación de jóvenes y reforzar la protección frente a la competencia y la concentración de tierras.
Aunque cada organización plantea medidas específicas, existe un amplio consenso en torno a algunos de los principales retos que afronta el campo español: costes de producción elevados, dificultades para acceder a la tierra, envejecimiento de la población agraria y necesidad de reforzar la posición de los productores dentro de la cadena alimentaria.
Costes y rentabilidad, entre las prioridades
El incremento de los costes continúa siendo una de las principales preocupaciones del sector. Asaja considera necesario que las políticas públicas permitan que agricultores y ganaderos puedan mantener su actividad con unos márgenes suficientes y reclama medidas ante el aumento del precio del gasóleo agrícola, los fertilizantes y la electricidad.
La organización también sitúa entre sus prioridades el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria, con el objetivo de mejorar la posición del productor en las relaciones comerciales.
Por su parte, Cooperativas Agro-alimentarias de España reclama una actualización de la normativa fiscal específica de las cooperativas, que considera desfasada, además de un marco de apoyo que permita a estas empresas afrontar los cambios derivados de la evolución de los mercados, el contexto geopolítico y el cambio climático.
Una PAC con mayor capacidad de respuesta
La futura Política Agrícola Común ocupa igualmente un lugar destacado entre las reivindicaciones del sector.
Cooperativas Agro-alimentarias pide al próximo Gobierno que defienda en Bruselas una PAC suficientemente dotada, acompañada de inversiones que permitan a las cooperativas adaptarse a los nuevos retos productivos y comerciales.
También las organizaciones agrarias plantean objetivos concretos para el presupuesto de la PAC. COAG propone reservar al menos un 10% de los fondos del plan estratégico para los jóvenes agricultores, mientras que Unión de Uniones plantea destinar un mínimo del 6% de los recursos de la PAC en España a medidas relacionadas con el relevo generacional.
El acceso a la tierra, un obstáculo para los jóvenes
El relevo generacional aparece estrechamente ligado a otro de los grandes problemas señalados por las organizaciones: el acceso a la tierra agraria.
COAG reclama un Pacto de Estado por el Relevo Generacional y la Protección del Suelo Agrario, acompañado de medidas para limitar el acaparamiento de tierras por parte de fondos de inversión y capital riesgo.
Según los datos manejados por la organización, más de 900 fondos de inversión gestionan tierras en la península por un valor superior a 100.000 millones de euros, mientras que el 6,6% de las grandes empresas agrarias concentra el 42% del valor de la producción.
COAG considera que esta concentración dificulta que los jóvenes puedan acceder a superficies agrícolas y reclama medidas fiscales y económicas que favorezcan su incorporación al sector.
UPA también plantea facilitar la entrada de nuevas generaciones mediante un plan específico para atraer jóvenes a la agricultura, además de impulsar la movilización de tierras pertenecientes a explotaciones que no tengan continuidad familiar.
Agricultura familiar y ganadería extensiva
La agricultura familiar constituye otra de las prioridades planteadas ante la próxima legislatura. UPA considera imprescindible recuperar la aprobación de una ley de agricultura familiar, iniciativa que no ha llegado a materializarse durante la legislatura anterior.
La organización reclama además avanzar en la transformación de la AICA en una agencia estatal, mejorar el sistema de seguros agrarios para adaptarlo a los efectos del cambio climático y establecer medidas específicas de apoyo a la ganadería extensiva.
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Entre sus propuestas también figuran un pacto de Estado para prevenir los incendios forestales y otro específico para la ganadería extensiva, además de una actualización de la regulación relacionada con la trashumancia.
Más control de las importaciones y mejores seguros agrarios
Unión de Uniones ha presentado un programa que reúne 13 propuestas y 100 compromisos para la próxima legislatura. Su planteamiento pasa por situar a la agricultura, la ganadería y el medio rural entre las prioridades estratégicas del país.
Entre sus demandas se encuentra el refuerzo de los controles sobre las importaciones agroalimentarias, así como una revisión del sistema español de seguros agrarios.
La organización también reclama una fiscalidad más adaptada a las características de las explotaciones, una revisión de los protocolos de sanidad animal y cambios en la regulación energética para responder mejor a las necesidades del sector.
Agua y política agraria, retos de la próxima legislatura
El agua aparece igualmente entre las cuestiones que las organizaciones consideran prioritarias. Cooperativas Agro-alimentarias propone un Pacto de Estado por el Agua que permita abordar las inversiones y las infraestructuras necesarias para garantizar la disponibilidad de recursos.
En conjunto, las propuestas trasladadas por las organizaciones agrarias y cooperativas dibujan una agenda marcada por la necesidad de mejorar la rentabilidad, proteger la actividad profesional, facilitar el relevo generacional y garantizar el acceso a los recursos productivos.
Las elecciones del 29N situarán estas demandas sobre la mesa de las formaciones políticas, que deberán definir sus compromisos con un sector que reclama mayor capacidad para afrontar el aumento de los costes, la incertidumbre internacional, el cambio climático y la transformación de las estructuras productivas.
