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La nueva normativa europea combate la competencia desleal en ecológico

“El marco regulatorio que viene de Europa obligará a las empresas y productores a ser mucho más claros y permitirá aumentar la confianza del consumidor español sobre la sostenibilidad de los productos”, ha afirmado Aurelio del Pino, presidente de ACES
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En la nueva edición de Organic Food Iberia 2024, la feria del sector ecológico más importante en España y Portugal, el presidente de ACES, Aurelio del Pino, el presidente de ASOBIO, David Caré y el presidente de ECOVALIA, Álvaro Barrera, han protagonizado una mesa coloquio con el título ‘La nueva normativa de información ambiental una oportunidad para evitar el greenwashing y para el mejor conocimiento de la hoja verde’. Durante sus intervenciones han denunciado los perjuicios que han representado malas prácticas informativas en materia ambiental para leal competencia entre las empresas y la confianza del consumidor y el futuro del sector. Asimismo han puesto el foco en la gran oportunidad que presenta el nuevo marco regulatorio europeo para combatir el ecopostureo o greenwashing.

 En el encuentro se ha explicado cómo la publicación de la nueva Directiva europea 2024/825, mejorará los derechos de los consumidores frente a las alegaciones “ecológicas” engañosas y, al mismo tiempo, se van a establecer unas reglas para que exista competencia leal entre las empresas. Además, está a punto de conocerse el texto definitivo de la directiva que va a regular las alegaciones medioambientales o “green claims”, para garantizar que las informaciones estén respaldadas por criterios científicos y rigurosos.

“Estamos combatiendo el ecopostureo o greenwashing, el marco regulatorio que está por venir obligará a las empresas y productores a ser mucho más claros y permitirá aumentar la confianza del consumidor español sobre la sostenibilidad de los productos, con el objetivo último de que desaparezcan prácticas de comunicación y publicidad poco claras y desleales”, ha afirmado Aurelio del Pino.

Los ponentes han señalado que los estudios y encuestas de consumidores revelan que la información ambiental es cada vez más necesaria porque el consumidor demanda saber cuál es su aportación al medio ambiente con su decisión de compra. También revela que los consumidores requieren seguridad y garantía de que todo lo que se alega es realmente verdad y que las empresas no se aprovechan para informar de cosas que no están soportadas por datos y controles. En este sentido David Caré ha apuntado que “si queremos mejorar el conocimiento y la comercialización de los productos ecológicos necesitamos una unidad de acción en el sector, una única voz frente a las administraciones y una colaboración más intensa entre todos: producción, certificación, comercialización, pero también de organizaciones de consumidores y medioambientales”.

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Las asociaciones han puesto en valor la hoja verde cómo único indicativo de calidad y compromiso real. “La hoja verde respalda toda la labor de los productores y de la cadena de transformación y comercialización. Tenemos que aprovechar la oportunidad para mejorar el conocimiento y poner en valor por parte de todos  la producción ecológica, y hacer que en el resto de alegaciones ambientales cumplan los mismos criterios de rigor y de control”, ha apuntado, Álvaro Barrera.

Los asistentes han concluido que, siendo España el primer país europeo en superficie de producción ecológica, el consumo de productos ecológicos está por debajo de la media comunitaria. A día de hoy se estima que ocupan un 1%-2% de la cesta de la compra. ACES, ASOBIO y ECOVALIA han insistido en la necesidad de impulsar el sector para fomentar la producción de productos ecológicos asequibles y accesibles, siendo esta además una producción alineada con los objetivos y política comunitaria, y Agenda 2030. Y es que aunque en los últimos años la brecha de precio entre productos certificados y no certificados se ha reducido de manera general del 30% o 40% a un 10%, se continua demandando una mejor tratamiento fiscal como la reducción del IVA, que llevan años reclamando, y una mayor implicación de las Administraciones Públicas a través de campañas de comunicación y compras directas en torno al 20%.

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