En Castilla y León se acumulan unas 10.000 toneladas de patatas cuyo destino era la industria y el canal Horeca y que la crisis de la COVID-19 ha dejado en los almacenes.
El cierre de bares, restaurantes y colectividades ha sido la causa de esta situación, que a día de hoy no tiene ninguna solución. Y mucho menos en un momento en el que comienzan las nuevas cosechas del sur de España.
Esta producción era libre y no estaba sujeta a contratos, por lo que la crisis le ha afectado de pleno. La única salida pasa por utilizarla como alimento para centros benéficos y actividades solidarias, ya que ni la industria ni los supermercados pueden asumir una patata que ya no reúne los requisitos de calidad. Otra de las posibilidades de salida del producto podría ser la apertura de los mercados locales, hasta el día de hoy prohibidos en todo el país.
La mayor parte de la patata almacenada se corresponde con la variedad Agria, una patata de gran calidad, sobre todo para el segmento del frito, pero con una apariencia menos atractiva para el consumidor.
