¿Quién cultivará lo que comeremos en 2030? Bajo esta pregunta, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado sus propuestas ante los comicios del próximo 29 de noviembre, situando el relevo generacional y el acceso a la tierra entre las principales prioridades para el futuro del modelo agrario español.
Según la organización, entre noviembre de 2026 y octubre de 2030 se jubilarán alrededor de 43.000 agricultores y ganaderos profesionales afiliados al RETA agrario, una cifra que representa el 17% del colectivo actualmente activo. COAG considera que, para evitar una reducción significativa del tejido productivo, sería necesario incorporar entre 8.000 y 10.000 jóvenes cada año durante la próxima legislatura.
La organización agraria advierte, además, de que las dificultades para incorporarse al sector no se limitan a la edad o a la falta de relevo familiar. El acceso a la tierra y al agua se ha convertido, a su juicio, en una de las principales barreras para las nuevas generaciones.
COAG alerta del avance de la inversión financiera en el campo
Uno de los principales focos de preocupación de COAG es el papel creciente que, según sus datos, están adquiriendo los fondos de inversión en el mercado de tierras agrícolas.
La organización señala que más de 900 fondos de inversión gestionan actualmente activos vinculados a tierras en la península ibérica por un valor superior a 100.000 millones de euros. Al mismo tiempo, apunta que la compraventa de fincas rústicas ha aumentado un 20% respecto a 2019.
COAG considera especialmente relevante la adquisición de fincas de regadío acompañadas de derechos de agua, ya que estas operaciones pueden elevar las barreras de entrada para los jóvenes que pretenden poner en marcha una explotación profesional.
La concentración empresarial también preocupa a la organización. Según los datos que maneja, el 6,6% de las grandes empresas agrarias concentra el 42% del valor de la producción, mientras que el 7,8% de los afiliados al régimen agrario supera los 65 años y los menores de 40 años representan el 19,8%.
NOTICIA RELACIONADA: ASAJA, COAG y Unión de Uniones preparan un nuevo calendario de movilizaciones
“En este contexto, ¿quién se beneficia de la subida de la renta agraria, nuestros pueblos o los accionistas de Wisconsin o la City de Londres?”, ha cuestionado Andrés Góngora, secretario general de COAG.
Góngora considera que el futuro de la agricultura y la ganadería en España no está en cuestión, pero sí el modelo basado en pequeñas y medianas explotaciones profesionales. En este sentido, señala que los jóvenes que quieren incorporarse al sector tienen dificultades para competir con grandes capitales por el acceso a tierra y agua.
Según el secretario general de COAG, en algunas comarcas sometidas a una mayor presión inversora, los arrendamientos han llegado a triplicar su precio y el valor de la tierra se ha duplicado.
8.000-10.000 nuevas incorporaciones al año
El relevo generacional se sitúa así en el centro de las demandas de la organización. COAG estima que, sin una incorporación suficiente de nuevos profesionales, el número de autónomos agrarios podría descender hasta aproximadamente 200.000 en 2030.
Para revertir esta tendencia, la organización reclama que el sector agroalimentario sea considerado una cuestión de Estado y propone la puesta en marcha de un Pacto de Estado por el Relevo Generacional y la Protección del Suelo Agrario.
Entre sus propuestas figura reservar al menos el 10% del presupuesto de la PAC para jóvenes, establecer un paquete de instalación operativo con el límite de edad situado en 40 años y contemplar también medidas específicas para los denominados nuevos profesionales que superen esa edad.
Tierra, financiación y fiscalidad
El paquete presentado por COAG incluye también medidas para reducir las barreras económicas de entrada. En materia fiscal, propone un régimen específico durante los primeros cinco años de actividad, la exención en el IRPF de las ayudas a la incorporación y medidas de amortización para jóvenes y profesionales.
La organización plantea además reducir la tributación de las ayudas recibidas por jóvenes y establecer incentivos fiscales para la transmisión o el arrendamiento de tierras a agricultores y ganaderos profesionales.
En materia financiera, reclama líneas de crédito preferente, avales públicos y fondos de garantía, además de agilizar y reforzar los créditos ICO-SAECA.
Para facilitar el acceso a la tierra, COAG propone limitar el acceso a determinadas ayudas públicas de fondos de inversión y capital sin vínculo territorial, así como crear instrumentos que permitan combatir el acaparamiento especulativo y movilizar tierras hacia profesionales en activo.
La organización reclama asimismo un Estatuto del Agricultor y Ganadero Profesional que otorgue prioridad a este colectivo en las políticas públicas.
Vivienda y servicios para fijar población rural
El relevo generacional, según COAG, no puede abordarse únicamente desde la explotación agrícola. La organización considera que la disponibilidad de vivienda, conectividad y servicios públicos es también una condición necesaria para que los jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida en el medio rural.
Por ello, reclama procedimientos más ágiles y unificados para las nuevas incorporaciones y medidas destinadas a mejorar los servicios de proximidad y las condiciones de vida en los territorios rurales.
La propuesta incorpora además un bloque específico para favorecer la incorporación de agricultoras y ganaderas, con medidas relacionadas con la titularidad compartida, las cotizaciones, la protección social y la conciliación.
Entre las demandas figuran ayudas al pago de cotizaciones, una cotización adaptada a los ingresos reales y procedimientos homogéneos para la titularidad compartida en las distintas comunidades autónomas.
Más protección social para los profesionales agrarios
COAG plantea también cambios en el sistema de protección social de los autónomos agrarios. Entre ellos se incluyen la exención de cotización desde el primer día de incapacidad temporal, un sistema de cese de actividad equiparable al desempleo y la cotización por rendimientos reales en estimación objetiva.
En materia de PAC, reclama incorporar la perspectiva de género en el diseño y seguimiento de las políticas y valorar la titularidad femenina o compartida en el acceso a las ayudas.
La organización propone finalmente mantener un tope de 60.000 euros por persona activa y evitar la aplicación de la degresividad, medidas que, a su juicio, favorecerían especialmente a las explotaciones familiares y profesionales.
Con este conjunto de propuestas, COAG pretende situar el relevo generacional, la protección del suelo agrario y el acceso a los recursos productivos en el centro del debate político. El objetivo declarado por la organización es avanzar hacia una “agricultura con agricultores y agricultoras”, en la que las explotaciones profesionales puedan seguir generando actividad económica, empleo y población en el medio rural.
