LA UNIÓ de Llauradors ha remitido diversas denuncias a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) -dependiente del Ministerio de Agricultura- para que inicie los controles e inspecciones requeridos con objeto de comprobar el presunto incumplimiento de algunos contratos de compraventa de cítricos.
La AICA ya ha informado a LA UNIÓ que realizará las comprobaciones oportunas sobre esos posibles incumplimientos a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Las nuevas denuncias forman parte del trabajo que realiza la organización para defender los intereses de las personas productoras de cítricos Comunitat Valenciana para que esté en consonancia con lo establecido en artículo 9 de la Ley 12/2013.
LA UNIÓ ha detectado que algunas empresas compradoras de cítricos, sin causa justificada, han recolectado prácticamente la mitad de la fruta comprometida en el contrato incumpliendo la obligación de recolección recogida tanto en la Ley como en los propios contratos que emiten estas empresas.
A ello, hay que añadir también que no figuran en la mayoría de los contratos tampoco las condiciones de pago de la compraventa, tal y como establece el apartado 1.d del artículo 9 de la Ley 12/2013, así como las causas, formalización y efectos de la extinción del contrato estipulado en el apartado 1.i del mencionado artículo.
Ésta y otras circunstancias hacen necesaria una modificación de la normativa de la cadena agroalimentaria. Por ello LA UNIÓ abogó la pasada semana en el Congreso de los Diputados por una regulación del poder de negociación para evitar el desequilibrio actual que existe entre los diferentes operadores, ya que no puede ser el margen de beneficio de los productores el que absorba los incrementos de costes a lo largo de la misma, tal y como está ocurriendo en la actualidad. No puede ser que algunos agentes impongan sus condiciones al eslabón más débil de la cadena, que habitualmente es el sector productor primario.
También considera que una adecuada protección de la cadena exigiría dos actuaciones: por una parte y tras las gestiones realizadas por la Agencia de Información y Control Alimentarios la publicación íntegra de todas las resoluciones que finalicen con sanción –como medida desincentivadora para el infractor-; y, por otra, la instauración en la Ley de la cadena de un sistema de reclamación de daños y perjuicios derivados del incumplimiento decretado en resolución administrativa o judicial firme.
Para LA UNIÓ, es necesario establecer asimismo costes de referencia para cada producción dentro de una horquilla lógica en función de tamaño de la explotación y su situación. Este proceso de establecer la horquilla de costes lo debería tutelar la Administración, pero quien lo han de calcular son las Interprofesionales, ya que está dentro de sus finalidades.
