Cómo afectará la nueva propuesta de directiva UE sobre sostenibilidad a la agricultura

La nueva normativa no se aplicará a las pequeñas y medianas empresas. Se aplicarán, primero, a las grandes empresas: de más de 500 empleados y más de 150 millones de euros en volumen de negocio y luego, empezarán a aplicarse, dos años más tarde, a las empras que tengan más de 250 empleados y un volumen de negocio neto de 40 millones de euros.
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La Oficina del Parlamento Europeo en España organizó en Madrid, una mesa de debate en torno a la propuesta de directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, presidida por Jorge Buxadé Villalba, diputado del parlamento europeo por el Grupo de los Conservadores y Reformistas, en la que se analizó el texto de la propuesta, que sólo afectará a tres sectores: agricultura, textil y minería, y que tiene como objetivo fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsables en las cadenas de suministros mundiales.

La propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, fue presentada por la Comisión Europea el 23 de febrero y tiene como objetivo fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de suministros mundiales.

Según la Comisión, las empresas europeas son líderes mundiales en materia de sostenibilidad. La sostenibilidad está anclada en los valores de la UE y las empresas muestran su compromiso con el respeto de los derechos humanos y la reducción de su impacto en el planeta. A pesar de ello, los avances de las empresas en la integración de la sostenibilidad, y en particular la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente, en los procesos de gobernanza empresarial siguen siendo lentos.

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En consecuencia, la reglamentación propuesta exige a las empresas que determinen y, en caso necesario, prevengan, atajen o mitiguen los efectos adversos de sus actividades en los derechos humanos (por ejemplo, trabajo infantil y explotación de trabajadores) y en medio ambiente (por ejemplo, contaminación y pérdida de biodiversidad).

Solo para grandes empresas

La nueva normativa no se aplicará a las pequeñas y medianas empresas. Se aplicarán, primero, a las grandes empresas: de más de 500 empleados y más de 150 millones de euros en volumen de negocio y luego, empezarán a aplicarse, dos años más tarde, a las empresas que tengan más de 250 empleados y un volumen de negocio neto de 40 millones de euros.

Por otro lado, las normas de diligencia debida en materia de sostenibilidad no se aplicarán a todos los sectores, sólo a los sectores denominados de gran impacto que son: agricultura, textil y minería.

Las autoridades administrativas nacionales designadas por los Estados Miembros serán responsables de supervisar su aplicación y podrán imponer multas en caso de incumplimiento. Y para garantizar que la diligencia debida se convierta en parte de todo el funcionamiento de las empresas, es necesario que se impliquen en ella los directivos de las empresas, según establece la propuesta, introduciendo la obligación de los directivos de establecer y supervisar la aplicación de la diligencia debida en la estrategia empresarial y de ello dependerá su remuneración variable.

Para Jorge Buxadé, que presidió la mesa de debate organizada por la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, la norma tiene carácter ideológico y no es necesaria poque ya existe una directiva sobre la responsabilidad medioambiental, suponiendo, además, más obligaciones a las empresas europeas

La propuesta de directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que se encuentra en trámite comunitario, para su adopción por parte del Parlamento Europeo y del Consejo y su posterior incorporación al ordenamiento jurídico de los EEMM (lo que está previsto para 2025), se circunscribe sólo a tres sectores, entre ellos la agricultura, sin que se tengan en cuenta, según FEPEX, muchas industrias de un alto riesgo no están incluidas en la propuesta.

Por otro lado, la directiva podría ser una oportunidad para que las producciones hortofrutícolas de terceros países se sometan a las mismas normativas agrarias, ambientales y sociales, que las exigidas a la producción comunitaria.

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