COAG explica que el término especulación no responde a una acusación política, sino a una descripción técnica de una situación en la que los precios de determinados productos aumentan de forma brusca debido a expectativas futuras, sin que se haya producido aún un impacto efectivo en la cadena de suministro.
Según la organización agraria, los productos que actualmente se encuentran en los almacenes de los distribuidores fueron adquiridos antes del inicio del conflicto. Sin embargo, el precio al que se venden a los agricultores ya incorpora un riesgo que todavía no se ha materializado en forma de problemas reales de abastecimiento.
Los datos analizados por COAG reflejan que el gasóleo agrícola ha aumentado un 41% en menos de una semana, tras el inicio de los ataques de Estados Unidos a Irán, pasando de 0,85 euros por litro a 1,20 euros por litro. Además, otros insumos esenciales para la agricultura también han experimentado incrementos significativos, como los fertilizantes nitrogenados, cuyo precio ha subido en torno a un 20%, encareciéndose en unos 100 euros por tonelada.
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Para COAG, este comportamiento responde más a una anticipación especulativa que a una escasez real de producto. Según la organización, algunos distribuidores estarían trasladando al agricultor el riesgo potencial sobre suministros futuros, aplicándolo al stock que ya tienen almacenado y que fue adquirido a precios anteriores.
Respecto al argumento de que la subida estaría justificada por un posible bloqueo del Estrecho de Ormuz, COAG subraya que España importa entre el 75% y el 83% de su petróleo sin pasar por esta ruta, por lo que una subida del 41% en el gasóleo solo tendría sentido si la mayor parte del crudo procediera del Golfo Pérsico, algo que, según los datos disponibles, no ocurre.
Ante esta situación, la organización agraria reclama tres medidas urgentes. En primer lugar, solicita que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abra una investigación de oficio sobre las prácticas de fijación de precios en la distribución de gasóleo y fertilizantes agrícolas. Asimismo, pide al Gobierno que active mecanismos de seguimiento y control de márgenes en la cadena de distribución de insumos energéticos para el sector agrario. Por último, plantea trasladar la situación a Bruselas para que la Comisión Europea active los mecanismos de alerta temprana en los mercados energético y agrícola.
