No se permitieron declaraciones a los medios de comunicación por parte del anfitrión (presidente de la Generalitat) pero sí las hubo, cuando acabó el encuentro, por parte del representante del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, Lucas Jiménez.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se encuentra ante el dilema del agua: la salvación de la actividad agraria en Alicante o su hermandad con García-Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha.
Jiménez explicó que, “aunque Ximo Puig manifestó su deseo de seguir peleando por la pervivencia del trasvase, no se puede obviar la falta de una planificación hidrológica en España frente a una actitud claramente insistente de ideologías políticas”.
La contienda de Ribera
El representante murciano, quien además anunció otra movilización pare el próximo 11 de enero en Madrid, explicó que “el germen de este problema es una contienda creada por Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico”.
“Los líderes políticos de Valencia, correligionarios del gobierno de la nación, están dando pasos atrás y perdiendo una batalla que se traducirá en la generación de un desempleo superior a 100.000 puestos de trabajo en un sector agrícola que aporta 3.000 millones de euros y es la despensa de Europa de frutas y hortalizas durante el invierno”, remarcó Jiménez.
Según apuntaron los regantes “en perjuicio de la sostenibilidad habrá que recurrir al agua del mar para aquellas explotaciones que logren sobrevivir, con la consiguiente contaminación de salmuera y la carestía del precio del agua. Además, toda la captación de CO2 que hoy en día se produce por la actividad agrícola dejaría de existir.”
Ningún río español ha subido sus caudales ecológicos, solo el Tajo (1.007 kilómetros) lo ha hecho en el tramo que afecta al trasvase, justo en las localidades Aranjuez, Talavera, Bolarque y Toledo, puntos más cercanos a los pantanos de Entrepeñas y Buendía, lugares claves de esta infraestructura. “La idea ha sido dar un hachazo al agua que venimos recibiendo habitualmente, en torno a un 45% menos, lo que significa unos 105 hectómetros cúbicos (78 para regadío y el resto para consumo humano). La situación nos puede llevar a la pérdida de más de 12.000 hectáreas de regadío (aunque los últimos informes de la Universidad de Alcalá de Henares y Alicante ya hacen estimaciones de 20.000 hectáreas).
En palabras del dirigente del Scrats, “todo parece indicar que el posible acuerdo que parecía haberse producido entre la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana ha sido dinamitado por el fanatismo de la ministra Ribera, por su percepción equivocada del propio trasvase y de la agricultura que se practica en el Levante. Una percepción catastrofista que la lleva a abogar permanentemente por la destrucción del trasvase”, remarcó Lucas Jiménez.
“No se comprende que su equipo técnico haya avalado un acuerdo entre dos comunidades autónomas de su mismo color político (el delegado de gobierno de Murcia y el President de la Generalitat) y que lo paralice. Esto es fanatismo político y quién la apoya y la escucha, Pedro Sánchez, será responsable de esta decisión.”
El representante del Scrats, dijo “no entender el empecinamiento de la Ministra peleando contra una infraestructura que no perjudica en nada al río Tajo y en cambio sí perjudica los intereses los intereses económicos, sociales y medioambientales de miles de familias españolas.”
La Generalitat valenciana, entre las cuerdas
Fuentes de Presidencia de la Generalitat insistieron en que no renuncian al trasvase ni van a dejar de defender el acuerdo del Consejo Nacional del Agua. El Consell instará al gobierno al mantenimiento del texto porque “no hay ninguna base legal” tal y como se desprende del informe realizado por la Abogacía de la Generalitat.
Carlos Monzón, presidente del PPCV y de la Diputación de Alicante, mantuvo su postura diciendo que “estamos y estaremos con los regantes y con el agua que necesita nuestra tierra, que es donde no están ni Puig ni Pedro Sánchez”. Señaló además que “el trasvase lleva más de 22 recortes sin ningún informe técnico que lo acredite.”
