Fernando Miranda recuerda: «Sanción grave cuando no exista contrato»

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AICA, organizó, ayer, una jornada informativa virtual sobre la Ley de la Cadena, en la que responsables de esta Agencia y del Ministerio de Agricultura, explicaron aspectos claves como las obligaciones contractuales, las prácticas comerciales desleales o las sanciones que supondrá el incumplimiento de esta Ley, que sigue creando gran incertidumbre entre todos los operadores de la cadena alimentaria.

La jornada fue inaugurada por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, quien reiteró el compromiso del Ministerio con una aplicación efectiva de la ley de la cadena, al considerar que será un vehículo para lograr un reparto más justo de los beneficios entre los distintos operadores.

Respecto a uno de los puntos más conflictivos, la obligación de un contrato escrito ente los operadores, expuso que la ausencia de contrato es motivo de sanción grave, porque el contrato es la pieza a través de la cual se comienza a construir el valor a lo largo de la cadena y, particularmente, a partir del establecimiento del precio.

La Ley, indicó el secretario general, ha clarificado todos los aspectos relativos al establecimiento del precio del contrato y, uno de ellos es el que se refiere a la necesidad de que dicho precio cubra, en todo caso, el coste de producción. A este respecto, hizo hincapié en señalar que el precio del contrato no son los costes de producción, ya que el precio que deben percibir los agricultores tiene que ser superior a dichos costes y proporcionar un margen que permita una actividad agraria económicamente viable.

En la jornada intervinieron también el subdirector general de Competitividad de la Cadena Alimentaria, Clemente Mata y la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, quienes explicarán los principales aspectos de la ley como la obligación de la contratación, las prácticas comerciales desleales reguladas, el papel del Observatorio de la Cadena Alimentaria, así como la función inspectora de las autoridades de ejecución y de la AICA, entre otros.

Para FEPEX, la reforma de la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que entró en vigor el pasado 16 de diciembre, sigue creando una gran incertidumbre entre todos los operadores y se plantean muchos problemas de aplicación por la volatilidad de los precios, de los mercados, así como por sus implicaciones en las relaciones comerciales con otros países, ya sean comunitarios o terceros, puesto que la competencia exterior es determinante para un sector como el hortofrutícola que exporta en torno al 60% de la producción nacional. Por otro lado, preocupa también la ampliación de esta normativa a nuevos sectores que antes de la última reforma no estaban incluidos, como el sector productor y comercializador de flor y planta viva.

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