La industria bananera costarricense se desarrolla dentro de uno de los marcos laborales más sólidos de Latinoamérica, lo cual la diferencia de otros países productores. Las condiciones laborales, sociales y ambientales del sector están sustentadas en datos oficiales, controles permanentes del Estado y estándares internacionales de cumplimiento obligatorio.
El artículo publicado señala que: “En Costa Rica, el informe sitúa los ingresos mensuales de los trabajadores de plantación entre 677 y 844 dólares (entre 576 y 718 €), frente a los 1.030 dólares mensuales que la metodología Anker fija como salario digno para ese contexto, lo que supone una brecha del 34 %. (…) El informe recoge, además, que el 42 % de los trabajadores percibe menos del salario mínimo legal.”
La industria bananera ha manifestado en reiteradas ocasiones su desacuerdo con la aplicación del modelo elaborado por el Anker Research Institute, dado que los parámetros en los que se basa son generalizaciones que no reflejan la realidad de las familias que habitan en las regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte, principales zonas bananeras del país. Además, Costa Rica es un país perteneciente a la OCDE que demuestra un nivel de exigencias y estándares sociales muy por encima de otros países productores, donde la comparación pierde sentido.
Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), las familias de zonas rurales en Costa Rica se componen por 2,86 miembros por hogar. Pero, la metodología establece que el tamaño promedio de una familia en Costa Rica es de 3,7 personas. Este cálculo no contempla los hogares de un solo miembro ni las familias monoparentales, tampoco el descenso en la tasa de fecundidad que experimenta nuestro país e ignora por completo la información oficial y la institucionalidad del país.
El estudio tampoco contempla los incrementos sustanciales en el coste de la alimentación y asume que todas las familias alquilan vivienda cuando, en realidad, parte de la población cuenta con casa propia. En materia de salud, todos los trabajadores de la industria tienen acceso a seguridad social y seguro de riesgos del trabajo, y en el ámbito educativo la educación en Costa Rica es gratuita y obligatoria. No obstante, ANKER incluye otras variables que elevan el promedio de inversión por familia, las cuales no aplican para una mayoría.
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Con respecto a los salarios, a partir de datos oficiales presentados en la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, CORBANA realizó un estudio técnico que determinó que las remuneraciones que reciben los trabajadores del sector bananero en nuestro país superan en promedio en un 17 % el salario mínimo establecido por ley para actividades agrícolas similares. Estos salarios se encuentran entre los más altos para trabajadores bananeros en América Latina.
Adicionalmente, muchas empresas brindan beneficios adicionales, tales como transporte, opciones de vivienda, programas educativos, becas, atención en salud, capacitación y oportunidades de desarrollo, prácticas que fortalecen la estabilidad laboral especialmente en regiones que cuentan con limitadas opciones de empleo. En el 2025 CORBANA invirtió 9,3 millones de dólares en proyectos de Salud Ocupacional y Sostenibilidad que impactan positivamente las comunidades.
Por otro lado, la publicación hace referencia al Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, del cual Costa Rica forma parte desde octubre del 2013 y que “compromete a las partes a respetar los derechos laborales fundamentales y a garantizar un nivel adecuado de protección social y medioambiental”. Al respecto, el autor insinúa que esos compromisos no se cumplen en su totalidad; por el contrario, denuncia “la permisividad con la que la Unión Europea trata las importaciones en el ámbito medioambiental y social”, en referencia a productores de Centro y Suramérica. Esta afirmación es muy general y vaga, por lo cual en definitiva no lo sentimos como una alusión a Costa Rica.
La industria bananera costarricense funciona bajo un marco robusto de control que combina tanto la legislación nacional en materia laboral como una serie de certificaciones internacionales que se alinean con las exigencias de los mercados destino, entre ellas Rainforest Alliance, LEAF, Global G.A.P. y SCS Sustainably Grown. Estas establecen estrictos estándares de cumplimiento en derechos laborales, condiciones de trabajo, seguridad ocupacional, así como en materia ambiental, lo que somete a las empresas a auditorías constantes y a una supervisión continua.
Mantenemos un compromiso permanente con la mejora continua, la transparencia y el respeto a los derechos humanos y laborales. En esa línea, consideramos indispensable que cualquier análisis sobre derechos laborales se base en datos verificables y en el contexto específico de cada país productor.
