La subida del salario mínimo incidirá directamente en el tomate

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La delegada territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Aránzazu Martín, ha mantenido una primera reunión con los representantes de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, Coexphal, a la que acudieron el consejero delegado, Juan Colomina; el gerente, Luis Miguel Fernández; y el presidente de la Asociación, Manuel Galdeano; para plantearle a la responsable autonómica una serie de aspectos que preocupan al sector hortofrutícola almeriense.

En la reunión también se trató el enorme incremento de costes que han supuesto las medidas resultantes del Decreto Ley aprobado por el Gobierno Central y las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, que al incrementarse van a afectar a la productividad de muchos productos, y a la competitividad en la exportación de productos como el tomate, ya que el inmediato competidor que es Marruecos tiene unos costes laborales 10 veces más bajos.

Se trataron los últimos bulos o fake news que están apareciendo en medios nacionales sobre las zonas de producción hortícola como Almería o Huelva; y la necesidad de hacer frente a estas campañas con la verdad de un sistema productivo que ha demostrado ser de los más sostenibles económica, social y ambientalmente hablando. Entre esos temas figura la búsqueda de una solución a la limpieza, ya que a pesar de que se han alcanzado notables avances, aún sigue siendo una asignatura pendiente para el campo almeriense.

Otra de las preocupaciones del sector es lograr agua de calidad y a buen precio. Aránzazu Martín ha recordado que una las primeras medidas anunciadas por la propia consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha sido trabajar por alcanzar un Pacto del Agua, para lo que ya ha habido contactos con los homólogos de otras Comunidades Autónomas como Murcia.

Por último, uno de los problemas que también preocupa a Coexphal es el chabolismo generado en algunas zonas de la provincia, ya que se trata de un grave problema social y es responsabilidad de las administraciones autonómica y local atajar una solución, para lo que siempre van a contar con la colaboración del sector.

 

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