Retos para 2021: La PAC y la Cadena Alimentaria

ley cadena alimentaria

El Parlamento deberá legislar para prohibir prácticas comerciales desleales que repercutan negativamente en los precios para agricultores y ganaderos.

La Ley de la Cadena Alimentaria y la elaboración de un Plan Estratégico de la PAC para la distribución de los 47.000 millones de euros correspondientes al próximo septenio, constituyen los objetivos prioritarios del Ministerio de Agricultura para el recién comenzado 2021.

Entre las nuevas exigencias se encuentra, desde febrero, el control de los precios de venta de un producto en origen y en toda la cadena que deben cubrir como mínimo los costes de producción. Actualmente se ultima en el Parlamento un nuevo texto legal para trasponer la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales.

A pesar de su obligatoriedad, la realidad es que en sectores clave como la leche, el aceite, frutas y hortalizas o la uva, se han realizado contratos a la luz pública por debajo de los costes de producción, lo que ha supuesto las denuncias de las organizaciones agrarias. Desde la Agencia, en los últimos meses se han realizado controles sobre los precios de coste solo ante las denuncias planteadas desde un operador. Sin embargo, no se han realizado inspecciones de oficio, algo que se hará a lo largo de 2021.

Pequeños productores

En lo que respecta al Plan Estratégico, en el último año se han llevado a cabo los debates iniciales con organizaciones agrarias y las Comunidades Autónomas para definir los criterios sobre cómo distribuir los 47.000 millones, una cifra igual a la del periodo anterior si no se descuenta la inflación. El proyecto deberá estar finalizado en el primer semestre del año, para su presentación en Bruselas y que se apruebe definitivamente en 2022.

Hay un acuerdo casi unánime entre todas las partes sobre la necesidad de ir a una redistribución de los fondos para apoyar a los profesionales de la actividad, a los agricultores genuinos, así como a las pequeñas y medianas explotaciones, con el techo de los 100.000 euros por peticionario y aplicar recortes a partir de los 60.000 euros.

Fuente: El Pais

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