Una Ley de Sequía «poco concreta y muy limitada»

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LA UNIÓ de Llauradors, quien ya presentara a los partidos políticos sus enmiendas a la Ley de Sequía, cree que la aprobada el pasado jueves por el Congreso de los Diputados, a pesar de la mejora del texto original, tiene aún bastantes carencias que limitan su aplicación en relación a la magnitud de la sequía y deja sin concretar puntos importantes.

LA UNIÓ ha realizado una primera valoración de la misma y, aunque valora positivamente algunos aspectos que considera que suponen un avance respecto a lo que había antes; como las exenciones de cánones, el Fondo de Sequía o la moratoria de un año a las cuotas a la seguridad social, considera que habría que haber dado un paso más contundente en beneficio de los agricultores y ganaderos y las pérdidas que la sequía ya ha ocasionado y ocasionará. En este sentido, LA UNIÓ ha estimado las pérdidas por la sequía en la Comunitat Valenciana en más de 350 millones de euros.

La organización considera que los beneficios tributarios o de seguridad social se quedan cortos. La moratoria de las cuotas de la seguridad social únicamente sirve para posponer el problema y además se retira de la propuesta inicial la reducción del 50% en las cuotas que beneficiaba a los profesionales, según LA UNIÓ. Por otro lado, la reducción de módulos es la habitual a una situación que es excepcional, sin aumentar el porcentaje y límites de gastos de difícil justificación en estimación directa. Igualmente, considera que la exención del IBI es muy limitada.

Por lo que respecta a la gran novedad del Fondo de Sequía, recuerda que su aplicación queda reservada sólo para titulares de explotación con seguro y con daños en elementos afectos a la explotación no asegurables, hasta un límite máximo del 70 % de los daños u 8.000 euros.

La organización recuerda, por un lado que la materialización de dicho Fondo, así como de otras medidas contempladas, como la subvención al precio del agua desalada para que no supere los 0,3 €/m3, o las exenciones de tasas y cánones de riego o el contrato especial para regadío, o la reducción del peaje para instalaciones de autoconsumo, también para regadío, deben aún desarrollarse y consignarse en su caso los presupuestos necesarios para llevarlas a cabo.

“Creemos que, en definitiva, es una Ley que concreta poco, además que el papel parece que todo lo aguanta. Habrá que esperar a ver si el Gobierno lo pone realmente en marcha, cuándo y cómo lo que la Ley dispone”, afirma.

LA UNIÓ ha sido la única Organización Profesional Agraria de la Comunitat Valenciana que ha presentado enmiendas a lo largo de todo el proceso legislativo, con objeto de mejorarla y defender así los intereses de los productores valencianos.

 

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