Fruto de estas inspecciones, se han sancionado o iniciado procedimiento sancionador contra once empresas de la provincia. La Consejería de Agricultura intensifica estos controles y creará una Oficina para combatir este fraude en toda Andalucía.
La Junta de Andalucía roza las 400 inspecciones específicas en Almería contra el reetiquetado de productos hortofrutícolas importados de países no comunitarios como si se tratara de alimentos de origen español. Así lo ha destacado hoy la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, quien ha subrayado las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Andalucía para “para proteger a los agricultores ante la competencia desleal de terceros países y proteger la excelencia de los productos andaluces”, entre ellas estos controles específicos “que antes solo se hacían de forma genérica”.
Estas casi 400 inspecciones contra el reetiquetado se han llevado a cabo incluso durante los meses del estado de alarma por el coronavirus y pese a reducirse la entrada de productos a causa de las restricciones provocadas por la pandemia. Estos controles se desarrollan en empresas de todo el sector hortofrutícola de Almería y, en particular, en aquellas que importan hortalizas procedentes de Marruecos.
Fruto de estas inspecciones, se han sancionado o iniciado procedimiento sancionador contra once empresas de la provincia de Almería por haber realizado un cambio ilegal de etiqueta o por otros incumplimientos en la documentación o en las facturas de productos de origen marroquí.
Creación de un Oficina
La consejera de Agricultura ha señalado que su departamento ya está trabajando en la creación de una Oficina para combatir el fraude del reetiquetado en toda Andalucía, así como para incrementar el control de fitosanitarios en productos procedentes de terceros países.
El objetivo, ha indicado Crespo, es intensificar las inspecciones contra el reetiquetado en el conjunto de la comunidad y, sobre todo, “proteger la calidad de los productos andaluces y el esfuerzo de miles de agricultores para llevar a Europa alimentos saludables y sostenibles”.
A este respecto, la consejera ha insistido en reclamar al Gobierno de España que intensifique los controles en los puestos de inspección fronterizos (PIF) “para garantizar que se respeten los contingentes acordados entre la Unión Europea y terceros países y no entren por los puertos de Andalucía más productos de los establecidos”.
A su juicio, ahora más que nunca a causa de la COVID-19 hay que revisar los acuerdos entre la UE y terceros países “para que no sean lesivos a los intereses de los productores andaluces”, al tiempo que ha reiterado la necesidad de exigir que las importaciones de productos agroalimentarios “cumplan con los mismos requisitos y obligaciones que se les exigen a los agricultores europeos, a fin de erradicar una competencia desleal que está dañando al sector agrario andaluz”.
Por último, la consejera ha resaltado la interlocución constante con el sector agroalimentario para dar respuesta a sus inquietudes e ir de la mano en la puesta en marcha de medidas “que salvaguarden una actividad que es estratégica para la economía y el empleo en Andalucía”.
