La situación se ha agravado tras la modificación del Acuerdo de Asociación con la UE, publicada el 2 de octubre, que permite de forma provisional ampliar a las producciones del Sahara Occidental las concesiones de las que ya se beneficia Marruecos, generando un incremento de la competencia.
La patronal empresarial de productores y exportadores de frutas y hortalizas de España (FEPEX) demanda, al respecto, que el Parlamento Europeo no ratifique este Acuerdo en los próximos meses.
Producción y comercialización de tomate
En concreto, según comentó el presidente del Comité de Tomate de FEPEX, Juan Jesús Lara, en una Tribuna de Opinión, publicada por Demócrata.es este fin de semana, la producción y comercialización de tomate es uno de los pilares históricos de la agricultura española y europea.
Regiones como Almería, Granada, Murcia, Alicante o Canarias han construido un tejido económico y social alrededor de este cultivo, generando cientos de miles de empleos directos e indirectos. España ha sido durante años el primer proveedor de tomate del mercado comunitario.
Sin embargo, en la última década la producción española de tomate para consumo en fresco ha caído de forma alarmante, al tiempo que se ha reducido la exportación a la Unión Europea y se han disparado las importaciones procedentes de Marruecos.
La exportación española de tomate a la Unión Europea ha caído un 34%, mientras que las importaciones españolas de tomate de Marruecos han crecido un 149%.
Mercado comunitario
En el mercado comunitario la presencia española se ha ido debilitando, siendo sustituida como primer proveedor de tomate desde 2022 por Marruecos.
Las exportaciones de tomate de Marruecos a la UE desde 2012, cuando entró en vigor el protocolo agrícola del Acuerdo de Asociación ha aumentado hasta 2025 un 52%. En los últimos diez años, las compras comunitarias han crecido un 34%.
Este retroceso no es fruto del azar, ni de una falta de competitividad del productor español. Al contrario, se produce en un contexto en el que a los agricultores comunitarios se les exige cumplir normas laborales, sociales, medioambientales y fitosanitarias cada vez más estrictas —y necesarias—, mientras que los productos importados de terceros países acceden al mercado europeo sin estar sujetos a esas mismas obligaciones.
La situación se ha agravado recientemente porque la CE ha desvirtuado dos sentencias clave del Tribunal de Justicia de la UE de 4 de octubre de 2024 que reconocían al Sáhara Occidental como un territorio distinto de Marruecos, señala FEPEX.
Dichos fallos excluían al tomate producido en el Sáhara de las ventajas arancelarias del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos y obligaban a indicar claramente su origen en el etiquetado, medidas valoradas positivamente por FEPEX por proteger a los productores comunitarios y garantizar información veraz al consumidor.
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Sin embargo, la Comisión, en negociación directa con Marruecos, ha permitido que estas producciones se beneficien de las ventajas arancelarias y ha modificado la normativa de etiquetado, privando al consumidor de transparencia y vulnerando principios básicos del derecho comunitario.
Pero esta situación afectará no sólo al tomate, sino también al resto de hortalizas, cuya producción también crecerá, siendo su destino prioritario el mercado comunitario.
Según un documento de trabajo de la propia Comisión Europea e 2024 sobre la aplicación el acuerdo entre la UE y el Reino de Marruecos, el objetivo de las autoridades marroquíes es incrementar la superficie de regadío del Sahara Occidental en 13.000 hectáreas, permitiendo así incrementar la producción agrícola en más de un 1.000 %.
Por ello, desde FEPEX consideramos que el Parlamento Europeo no debe ratificar el Acuerdo de Asociación del mes de octubre.
Esta organización considera también imprescindible que las instituciones europeas aseguren un régimen aduanero y de control diferenciado para las producciones originarias del Sahara Occidental y eviten que la política comercial de la UE contribuya, directa o indirectamente, a consolidar un modelo productivo que se apoya en asimetrías regulatorias incompatibles con los valores y principios de la UE.
