La medida, autorizada conforme a las normas comunitarias sobre ayudas estatales, permitirá compensar los daños ocasionados por las graves inundaciones que afectaron a una superficie superior a los 100.000 km², más del 20% del territorio español. Estos episodios provocaron la destrucción de cultivos, daños materiales en activos y medios de producción, así como un incremento de los costes de funcionamiento de las explotaciones.
Apoyo para evitar el cierre de explotaciones
El objetivo principal del régimen es evitar el cierre de explotaciones agrarias y preservar la producción agrícola en las zonas afectadas. Para ello, el programa proporcionará apoyo financiero directo a los beneficiarios, con el fin de facilitar la recuperación de la capacidad productiva de las fincas dañadas.
Las ayudas adoptarán la forma de subvenciones directas y podrán cubrir hasta el 100% de los costes subvencionables. Entre ellos se incluyen los daños materiales y la pérdida de ingresos derivada de la destrucción total o parcial de productos agrícolas o activos vinculados a la producción.
El programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que permitirá canalizar las compensaciones durante el próximo ejercicio y dar margen a la recuperación de las explotaciones afectadas.
Reconocimiento como catástrofe natural
La Comisión ha evaluado el régimen español con arreglo al artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite conceder ayudas estatales destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales.
Asimismo, la evaluación se ha realizado conforme a las Directrices aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2022. Estas directrices contemplan que las inundaciones puedan ser consideradas catástrofes naturales, siempre que exista un reconocimiento formal del suceso y una relación directa entre el fenómeno y los daños sufridos.
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En este caso, las autoridades españolas han reconocido formalmente las inundaciones como catástrofe natural y han demostrado el nexo causal entre los episodios meteorológicos y los perjuicios ocasionados a los agricultores. Sobre esta base, Bruselas ha dado luz verde al régimen de ayudas.
Respuesta ante daños de gran alcance
La aprobación de este paquete supone un instrumento relevante para el sector agrario de Andalucía y Extremadura, dos regiones donde los daños han afectado tanto a cultivos como a infraestructuras y medios de producción.
Con esta decisión, España podrá activar un mecanismo de compensación amplio para atender las pérdidas sufridas por los agricultores y facilitar la continuidad de la actividad agraria en las zonas más afectadas por las inundaciones.
