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El agro no se ‘salva’ del impuesto al plástico

teresa ribera consejo ministros

Las medidas previstas para envases de un solo uso afectarán, en alguna medida, a la industria agroalimentaria.

A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030) y ha comenzado la tramitación del anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

La medida más controvertida es la aplicación de un impuesto de 0,45 euros por kilogramo de envase plástico para avanzar en la reducción de este tipo de materiales de un solo uso, y se incluirán además restricciones a su introducción en el mercado y obligaciones de información al consumidor.

Desde el Gobierno destacan que por primera vez se recogen en la legislación española limitaciones a los plásticos de un solo uso: a partir de julio de 2021 no se podrán comercializar productos como cubiertos y pajitas de plástico no reutilizables, y desde 2023 quedará prohibida la distribución gratuita de vasos y recipientes para alimentos. Como ya se hizo tiempo atrás con las bolsas de plástico, el consumidor deberá pagar por cada producto elaborado con plástico y este coste deberá quedar diferenciado en el ticket de venta.

Con esta ‘fiscalidad verde’ el Gobierno espera recaudar unos 724 millones de euros al año.

«El Marco de Economía Circular nos conducirá hacia un modelo de producción y consumo acorde con nuestros recursos, que luche contra el desperdicio masivo, que permita reducir la huella ecológica y la sobreexplotación de recursos», ha explicado Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica.

El agro no se ‘salva’

En declaraciones a Fruit Today, el director general de Infia Ibérica, Amadeo Isach, ha asegurado que estas medidas afectarán a la industria agroalimentaria. Cabe recordar que empresas como Grupo Infia, uno de los referentes mundiales en el sector de envases para frutas y hortalizas frescas, llevan tiempo apostando por nuevas líneas de producción de envases 100% de R-PET, un plástico reciclado que se purifica y limpia a través de procesos aprobados y certificados por la EFSA (European Food Safety Association).

Además, desde asociaciones como ANAIP (Asociación Española de Industriales de Plásticos que representa a la Transformación de Plásticos), recuerdan en sus redes sociales que «los plásticos son fundamentales en muchos sectores. Uno de ellos es el sanitario, que aprovecha las cualidades y la innovación de este material en gran cantidad de aplicaciones».

Veto al desperdicio

El objetivo de la nueva Ley es impulsar una economía circular y baja en carbono y luchar contra la contaminación, incorporando a la legislación española las directivas comunitarias sobre residuos y plásticos de un solo uso. Así, se prevé que para 2030 la generación de residuos se reduzca un 15% respecto a 2010, ya que, como ha recordado la ministra Ribera, «Tenemos un enorme desafío medioambiental: en 8 de cada 10 hogares españoles se desperdician alimentos. En España se tiran a la basura 1.200 millones de kilos de comida al año».

El texto también fija objetivos más ambiciosos para la recogida separada de botellas de plástico a partir de 2025 (77%), alcanzando el 90% en 2029. Asimismo, con el fin de reducir el uso de envases, las administraciones deberán adoptar medidas para disminuir el consumo de agua embotellada, y en hostelería y restauración se deberá ofrecer agua no envasada de manera gratuita.

Otra de las medidas previstas en la Ley de Residuos es alargar la vida útil de los productos y combatir la obsolescencia programada, a través del fomento del diseño y la fabricación de productos que sean duraderos, reparables y reutilizables.

Sanciones

El texto revisa el régimen sancionador incluyendo nuevas infracciones. Como ‘muy grave’ se considerará el abandono, vertido y gestión incontrolada de residuos peligrosos, así como de otros residuos si se pone en peligro la salud de las personas o se produce daño del medio ambiente. La cuantía de las multas irá desde los 1.000 a los 2.000.000 de euros, según su gravedad.

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