El nuevo informe especial del organismo europeo analiza el funcionamiento del apoyo comunitario destinado a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) y su capacidad para reforzar la posición de los agricultores dentro de la cadena alimentaria.
La auditoría ha incluido 57 organizaciones de productores y cinco asociaciones de organizaciones de productores, además de visitas a España, Francia, Italia y Polonia.
El Tribunal concluye que los programas operativos financiados por la UE han contribuido a mejorar la competitividad de las organizaciones beneficiarias. Sin embargo, advierte de que la pertenencia a una OPFH no resulta suficientemente atractiva para una parte importante de los productores.
Menos productores integrados en organizaciones
Uno de los datos que más preocupa al organismo comunitario es la evolución de la afiliación.
Entre 2012 y 2023, el número de productores integrados en estas organizaciones descendió un 39%, desde 312.823 hasta 191.310 agricultores. Además, la denominada tasa de organización del sector ha retrocedido desde 2017 y se situó en el 42% en 2023.
Las diferencias entre países son especialmente amplias. Mientras que en Dinamarca el nivel de organización alcanza el 86% y en Bélgica el 79%, España se sitúa en el 58%.
En el extremo contrario aparecen Polonia, con un 11%; Grecia, con un 9%, y Eslovenia, con apenas un 0,8%.
El Tribunal también detecta diferencias entre Estados miembros a la hora de aplicar las ayudas, hasta el punto de que actuaciones similares pueden recibir un tratamiento diferente en función del país.
Una PAC cada vez más compleja
La gestión de los programas operativos constituye otro de los puntos críticos identificados por los auditores.
El Tribunal señala que la evolución de la Política Agrícola Común ha ido incorporando diferentes porcentajes de cofinanciación, niveles mínimos obligatorios de gasto y requisitos específicos vinculados a investigación o medio ambiente.
Este entramado dificulta, según el organismo, tanto el diseño como la gestión de los programas y puede alejar el sistema de una política orientada principalmente a resultados.
Por ello, una de sus principales recomendaciones consiste en establecer un porcentaje de cofinanciación fijo según el tipo de objetivo, aplicable de manera común en todos los Estados miembros, y eliminar su vinculación a determinados niveles obligatorios de gasto.
Una posición negociadora todavía desigual
Aunque el Tribunal considera que las organizaciones de productores pueden ayudar a concentrar la oferta y mejorar la capacidad de negociación de los agricultores, también advierte de que el desequilibrio frente a la distribución continúa siendo importante.
Entre las razones aparecen el carácter altamente perecedero de las frutas y hortalizas, la concentración de la distribución minorista y el reducido tamaño económico de muchas organizaciones.
Según el informe, las cuatro mayores cadenas de distribución concentran entre el 30% y el 70% de las ventas minoristas en los distintos mercados europeos. En cambio, las cuatro mayores organizaciones de productores de los principales países productores representan únicamente entre el 1% y el 13% de la producción nacional.
Tres recomendaciones para la Comisión Europea
A partir de estas conclusiones, el Tribunal plantea tres líneas principales de actuación.
En primer lugar, propone facilitar el intercambio entre Estados miembros de los criterios de reconocimiento de las organizaciones y de las acciones que pueden recibir financiación, buscando una mayor homogeneidad en la aplicación de la política.
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También reclama que la Comisión trabaje con los países para hacer más atractiva la afiliación a las organizaciones de productores, evitando al mismo tiempo distorsiones dentro del mercado único.
Por último, pide simplificar el sistema de cofinanciación y reducir la actual diversidad de porcentajes y condiciones.
La futura PAC vuelve a situar a las OPFH en el debate
Las conclusiones adquieren especial relevancia ante la preparación de la PAC posterior a 2027.
El Tribunal reconoce que las propuestas para el periodo 2028-2034 eliminan algunos de los actuales requisitos de gasto, pero también alerta de que una mayor libertad para que los Estados miembros determinen los porcentajes de cofinanciación podría generar nuevas diferencias entre países. El propio Tribunal ya había señalado en su análisis de las propuestas de la futura PAC que el nuevo modelo amplía la flexibilidad de los Estados miembros en las intervenciones sectoriales.
FEPEX comparte la preocupación por una posible fragmentación de las normas y considera especialmente relevante que se mantenga el papel de las OPFH como herramienta para reforzar la competitividad y comercialización del sector hortofrutícola.
El debate se centra así no solo en mantener el apoyo comunitario, sino en conseguir que las organizaciones sean suficientemente atractivas para incorporar a más productores y puedan ganar dimensión frente a una cadena comercial cada vez más concentrada.
