Un sinsentido. Así de contundentes se mostraron este martes las asociaciones agrarias almerienses al calificar el Real Decreto-Ley 5/2020 de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.
El texto no termina de convencer al sector, en el que coexisten múltiples realidades. ¿Acaso tiene algo que ver el modelo almeriense bajo plástico con el del olivar, por poner un ejemplo?
Para Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, el conjunto de 19 medidas anunciadas por el ministro Luis Planas en el marco de la Mesa de Diálogo Agrario es equiparable a querer “empezar a construir la casa por el tejado”.
Lo realmente urgente, dijo, es regular de forma efectiva las importaciones de terceros países y establecer un mecanismo de gestión de crisis “con sistemas de retirada que cubran al 100% de los agricultores” añadía Pascual Soler, presidente de Asaja Almería.
Sobre la competencia desleal, los responsables de las organizaciones adelantaron que están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la vulneración del principio de preferencia comunitaria y la falta de control de las importaciones.
Asimismo, Góngora volvió a incidir en la exigencia de que se publiquen los nombres de las empresas que manipulan el etiquetado, y que se modifique la normativa para que se cierren las empresas que cometan ese tipo de fraudes.
Realidades muy dispares
“La medicina para lograr la rentabilidad del sector agrario es distinta según el producto”, subrayó Paqui Iglesias, secretaria general de UPA-Almería. La primera medida de la batería que presentó Planas, relativa a la obligatoriedad de tener en cuenta los costes de producción en los contratos y la prohibición de establecer precios por debajo del coste de producción, es una quimera en el modelo de subasta almeriense, a tenor de las declaraciones del gerente de Ecohal, Alfonso Zamora. “Para el sistema de fijación de precios diario de las subastas es totalmente inaplicable, y además es perjudicial para el agricultor, que se podría ver en la tesitura de que sus productos no se puedan vender (en una situación de sobreproducción)”.
El Decreto dice que en la negociación entre el agricultor y una empresa de comercialización en origen se tiene que negociar y recoger un coste de producción. Esa negociación podrá ser distinta en cada caso, o se puede tomar como precio de referencia el de organismos como el Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía que establece unos costes de producción por producto, comentó Zamora. «Pero si cogemos por ejemplo el pepino Almería, con un coste de 43 céntimos según el Observatorio, y llegamos a un momento de la campaña de sobreproducción, podría darse la situación de que el mercado no asuma esos precios». Con el problema añadido de que las alhóndigas deben hacer dos contratos, uno hacia abajo, con el agricultor, y uno hacia arriba, con la cadena de supermercados o las plataformas. En el caso de las cooperativas, al ser los agricultores socios, no habría que firmar el primero de los contratos mencionados. ¿Y qué pasa con las operaciones que se realizan con empresas de fuera del territorio nacional, a las que no se les puede aplicar la Ley de la Cadena Alimentaria?
Actualmente hay un plazo de seis meses para adaptar los contratos a la nueva normativa del Real Decreto Ley.
“No vamos a parar, iremos a Bruselas”
Este miércoles las asociaciones agrarias se reunirán con responsables del Ministerio de Agricultura para seguir ahondando en los detalles de la nueva normativa. Pero las organizaciones agrarias adelantan que no cesarán las movilizaciones hasta lograr sus objetivos. «Somos conscientes de al final tendremos que ir a Bruselas, donde nos llevan dando la espalda desde hace muchos años», aseguró Soler.
Las próximas fechas marcadas en el calendario de acciones son:
– 6 de marzo: tractorada en la Comarca de Los Vélez, en la A-92 Norte
“Reivindicamos ayudas más justas. La bandera de la últimas campañas políticas ha sido la España vaciada pero ese término no es correcto, somos la España abandonada”, aseveró Paqui Iglesias. “Solo 9 millones de euros de la PAC se destinan a la provincia de Almería. Tenemos las subvenciones más bajas de España, solo equiparables a zonas como Teruel, Zaragoza y una comarca de Burgos”.
– 12 de marzo: movilización en Algeciras para bloquear el Puerto
– 19 de marzo: la cita es en Motril, y convocará a agricultores de Almería y Granada
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