La AICA, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha publicado un listado oficial con las primeras empresas sancionadas en virtud de la Ley de la Cadena Alimentaria. Se trata de 69 empresas, entre las que destacan empresas de la industria y la distribución como DIA, Carrefour, Froiz o J. García Carrión, que tienen incumplimientos graves o muy graves. Estos van desde incumplimiento en los plazos de pago, a la inexistencia de contratos por escrito o la no inclusión del precio en los contratos.
Tras la publicación de este documento, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha mostrado su satisfacción. «Sin la Ley de Cadena Alimentaria volveríamos a la ley de la selva porque la cadena no se regula con buenas voluntades. La publicación de las mismas es un paso adelante en la aplicación de la ley, que confiamos en que redunde en la mejora de las relaciones en la cadena y en la protección del sector primario frente a los abusos que practican nuestros compradores», ha declarado Andoni García, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG.
La organización agraria ha señalado que hay «grandes dificultades en la aplicación, porque hay muchas resistencias a cambiar formas tradicionales de funcionamiento muy perjudiciales para las personas productoras, como por ejemplo el modo en el que se construye el precio en la cadena, comprobamos cómo esta ley es necesaria para avanzar en la regulación de la cadena y favorecer que los agricultores y ganaderas percibamos un precio digno por nuestro trabajo».
Con nombres y apellidos
UPA también ha aplaudido la publicación de los infractores de la Ley de la Cadena Alimentaria: «Ahora todos conocerán a los que abusan». El listado contiene una novedad significativa: por primera vez figuran los nombres de las empresas sancionadas por prácticas comerciales desleales, una de las novedades que introdujo la reforma de la Ley de la Cadena aprobada en diciembre de 2021. Esto supone un «hito». «Es una reivindicación por la que llevamos más de una década luchando, desde antes de la aprobación, en 2013, de la Ley de la Cadena», aseguran desde la organización. Los agricultores y ganaderos consideran que la publicidad de las sanciones es un elemento fundamental para que la Ley funcione.
«Los consumidores y la sociedad deben conocer, con nombre y apellidos, quién está haciendo malas prácticas comerciales que perjudican a los agricultores y ganaderos», señala UPA. «La industria y la distribución saben ahora que cometer abusos tiene sanción y además ahora también supondrá un coste en la reputación de esas empresas y personas». Además son sanciones con penas mayores en caso de reincidencia, por lo que desde UPA esperan que las prácticas comerciales «vayan desapareciendo».
Reclamación histórica
Con esta primera lista publicada se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Cadena. La publicación de las sanciones por infracciones graves y muy graves ha sido una reclamación histórica de las organizaciones agrarias desde la publicación inicial de la Ley de Cadena en 2013. En febrero de 2020, y como consecuencia de las movilizaciones agrarias de ese invierno, se conquistó dicha demanda entre otras cuestiones, gracias a la modificación de la ley realizada con el Real Decreto-ley 5/2020, que introdujo la obligatoriedad de llevar a cabo esa publicidad para las administraciones competentes. Posteriormente, con la Ley 16/2021 se consolidaba esta publicación y se fijaba el carácter trimestral de la misma.
COAG considera además que hacer públicas las sanciones firmes es un elemento clave para que las personas puedan tomar decisiones informadas en sus compras. «Con esta medida, cuando alguien vaya a adquirir un producto puede valorar, con una información pública concreta y clara, qué operadores están llevando a cabo prácticas abusivas en perjuicio de otros agentes de la cadena de valor, dilatando los plazos de pago, evitando tener relaciones transparentes y justas con sus proveedores y, en definitiva, dañando la rentabilidad y sostenibilidad de los escalones más débiles de la cadena», ha señalado Andoni García, responsable de Mercados Agrarios de COAG.
Asimismo, creen que es imperioso seguir trabajando en la aplicación de la ley porque las personas del sector están contra las cuerdas y el abandono de explotaciones del modelo social es continuo. En este sentido, y atendiendo al compromiso realizado por el Ministro Planas en la reunión del Observatorio de Cadena del pasado lunes 20 de febrero, reclamar una convocatoria urgente de este órgano para proceder a la aprobación y publicación actualizada de los estudios de cadena pendientes. También es necesario que el Observatorio trabaje en el desarrollo y publicación de índices de referencia de precios, una de sus funciones recogidas por la Ley 12/2013. Finalmente, COAG reclama la puesta en marcha de un Observatorio de costes y mercados de insumos, que permita analizar los precios y estructura de los distintos costes de producción para el sector primario (piensos, fertilizantes, energía, mano de obra…), ahora que, según las declaraciones del MAPA están evolucionando a la baja y deberían repercutir en una bajada de costes para las personas productoras.
