La organización agraria ha trasladado esta petición al ministro Luis Planas mediante una carta en la que advierte de la necesidad de recuperar instrumentos ágiles de investigación ante el aumento de los riesgos fitosanitarios. Según LA UNIÓ, desde 2017 no se convocan programas específicos de estas características, pese al incremento de amenazas derivadas de la globalización del comercio, el movimiento internacional de mercancías y material vegetal y los efectos del cambio climático.
Reactivar los proyectos E-RTA
LA UNIÓ propone tomar como referencia los antiguos proyectos E-RTA (Emergentes Retos Agrarios), que permitían movilizar de forma rápida a la comunidad científica ante problemas fitosanitarios de especial gravedad.
La organización recuerda que estos programas facilitaron la coordinación entre centros públicos de investigación y organismos especializados ante amenazas como Xylella fastidiosa, el vector del Huanglongbing (HLB) o la Tuta absoluta.
Según señala, este tipo de proyectos permitía poner en común el trabajo de entidades de referencia como el IVIA, IRTA, IFAPA, ICIA, IMIDA, centros del CSIC y universidades, favoreciendo el intercambio de información y el desarrollo de soluciones prácticas en plazos reducidos.
Presión creciente sobre los cultivos
La organización alerta de que la agricultura valenciana y española afronta una presión fitosanitaria cada vez mayor por la expansión o posible entrada de organismos nocivos como Xylella fastidiosa, Scirtothrips aurantii, Delottococcus aberiae, Aleurocanthus spiniferus, Toumeyella parvicornis o Trioza erytreae, además de nuevas enfermedades emergentes.
Entre los problemas que generan mayor preocupación, LA UNIÓ destaca la reciente detección del virus de la clorosis nervial amarilla de los cítricos, así como el riesgo de introducción del HLB, una de las enfermedades más temidas para la citricultura.
La organización subraya que estas amenazas requieren actuar con rapidez para evitar consecuencias graves sobre la producción agraria, especialmente en cultivos estratégicos para la Comunitat Valenciana y para el conjunto del sector español.
Menos materias activas y más necesidad de alternativas
LA UNIÓ también vincula esta petición a la progresiva reducción de materias activas autorizadas para la protección fitosanitaria. A su juicio, esta situación obliga a acelerar el desarrollo de nuevas estrategias de control biológico, sistemas de detección precoz, herramientas de monitorización y métodos de gestión integrada de plagas compatibles con los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea.
La organización recuerda, además, que diversos estudios científicos sitúan a España entre las principales puertas de entrada de nuevas plagas y enfermedades en Europa, lo que refuerza la necesidad de contar con mecanismos de vigilancia, investigación y respuesta temprana.
Investigación aplicada y transferencia al sector
La propuesta de LA UNIÓ pasa por crear una convocatoria específica, dotada de financiación suficiente y diferenciada de los programas generales de investigación. Esta línea permitiría financiar proyectos de respuesta rápida, impulsar la colaboración entre centros públicos de investigación agraria de distintas comunidades autónomas y generar conocimiento aplicado adaptado a las necesidades reales del sector productor.
La organización considera también imprescindible que parte de los recursos se destinen a la transferencia tecnológica y a la divulgación de resultados mediante ensayos demostrativos, redes de vigilancia, sistemas de alerta temprana, jornadas técnicas y acciones formativas dirigidas a agricultores, cooperativas y técnicos.
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Para LA UNIÓ, invertir de forma anticipada en investigación aplicada es una de las vías más eficaces para proteger la producción agraria, reducir futuros costes de erradicación y control, mejorar la competitividad de las explotaciones y reforzar la seguridad alimentaria.
Por ello, la organización insta al Ministerio de Agricultura a recuperar este instrumento estratégico de investigación y a incluir una dotación presupuestaria suficiente en los próximos ejercicios, con el fin de que España vuelva a disponer de una herramienta eficaz frente a los crecientes desafíos fitosanitarios.
