Los planes del Ministerio de Agricultura no aplican criterios científicos para reducir el uso de abonos ni inciden en la investigación para buscar alternativas eficaces, según la organización agraria.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) rechaza las nuevas exigencias en materia de uso de fertilizantes y abonos que contempla el proyecto de real decreto presentado por el Ministerio de Agricultura, porque incrementarán más aún los costes de producción y la carga burocrática.
El borrador legislativo establece la obligación de rellenar un completo cuaderno de campo con todos los fertilizantes aplicados en la explotación agraria y de justificarlo documentalmente. Hoy en día únicamente es imperativo registrar la fertilización nitrogenada en zonas vulnerables por nitratos. Cada cinco años los agricultores también tendrán que hacer analíticas de suelo en producciones de regadío, mientras que en secano el periodo será cada diez años.
Asimismo, el texto propuesto por el Gobierno incluye la necesidad de realizar un plan de abonado para el cual muchos agricultores requerirán la contratación de un asesor, tal como ocurre ahora con la Gestión Integrada de Plagas. Aunque se indican las superficies mínimas a partir de las cuales será obligatorio, en cultivos de gran implantación en la agricultura valenciana como los cítricos y el arroz se estipula para todas las explotaciones, independientemente de su tamaño.
Otros sobrecostes incluidos en el proyecto gubernamental hacen referencia a las revisiones periódicas que deberán pasar las abonadoras y los aperos y al certificado que debe efectuarse en caso de aplicar estiércol.
Por el contrario, AVA-ASAJA lamenta que la normativa, enmarcada dentro del Pacto Verde y de la estrategia ‘De la Granja a la Mesa, abogue por una reducción de fertilizantes sin criterios científicos y sin incidir en la investigación para dotar al sector de formas de fertilización económicamente viables y de probada eficacia.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, señala que “la Unión Europea, nuevamente con la complicidad del Gobierno español, insiste en poner palos en las ruedas de sus agricultores y en dejarlos a los pies de los caballos frente a las importaciones de países terceros que, en cambio, no están obligadas a cumplir esas mismas exigencias medioambientales. Estamos viendo los daños crecientes de las plagas y enfermedades en nuestros campos, como resultado de la equivocada legislación fitosanitaria, y ahora quieren hacer lo mismo con los fertilizantes y los abonos”.
Por ello, Aguado solicita a Bruselas “una rectificación drástica de su política alimentaria, emprendiendo medidas urgentes como la inclusión de criterios de reciprocidad en la firma de los tratados comerciales, la revisión de los acuerdos ya suscritos, una ley del etiquetado que permita a los consumidores distinguir los productos europeos de los foráneos y una apuesta por la I+D+i agraria que ponga a disposición del sector alternativas sostenibles que sumen y no resten la competitividad de nuestras explotaciones”.
