La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera inadmisible la reducción presupuestaria aprobada en el último Consejo de Ministros del año (27 de diciembre) en torno al apoyo a la contratación de seguros agrarios. “El Ministerio de Agricultura ha hecho oídos sordos a las peticiones del sector y, obviando los efectos del cambio climático en el campo, ha metido un tijeretazo del 21% en el presupuesto de seguros para 2024, al pasar de los 358 millones del 2023 a los escasos 284 para el nuevo año”, ha subrayado Pedro García, responsable de Seguros Agrarios de COAG. Asimismo, el responsable de COAG ha lamentado que el Real Decreto-Ley 8/2023, aprobado ayer en el Congreso, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, no haya tenido cuenta la importancia del seguro agrario como principal herramienta de gestión del riesgo para el agricultor y ganadero.
COAG recuerda que el año pasado los 314 millones de euros iniciales resultaron escasos y fue necesario un incremento de 60 millones de euros; “con más razón este año resulta escaso al contar con un presupuesto menor (284 M de euros)”, ha subrayado García. Además, conviene recordar que, tal y como el mismo Ministerio de Agricultura recalca en nota de prensa, en 2023 se superarán los 1.200 millones de euros en indemnizaciones por daños climáticos en cultivos, cifra récord de la serie histórica. “Fenómenos climáticos cada vez más extremos y recurrentes están haciendo mella en la rentabilidad de las explotaciones agrarias”.
En este sentido, durante la última reunión celebrada en diciembre en la sede de COAG con los máximos responsables de la Entidad estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y el Consorcio de Compensación, COAG propuso un pacto de Estado para acometer una reforma estructural del seguro agrario ante el nuevo contexto de emergencia climática. “Además del Ministerio de Agricultura, se hace necesaria una implicación de los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Hacienda en el rediseño de las políticas de gestión del riesgo en el campo. “Hasta ahora, el agricultor y el ganadero había tenido una percepción del coste/retorno aceptable, en relación con al coste del seguro y el beneficio que obtenido. Sin embargo, en los últimos años y ante el cambio climático, los daños son mayores, las garantías menores y el precio más elevado”, reiteró el responsable de Seguros Agrarios de COAG.
