El absentismo laboral por incapacidad temporal tiene un impacto macroeconómico anual de 92.000 millones de euros en España, según el primer informe del Observatorio de Absentismo de AECOC, presentado por la asociación con datos procedentes de la Sala Segura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, información facilitada por Umivale Activa y datos empresariales.
El informe sitúa el absentismo como una de las principales partidas de gasto público, por detrás de las pensiones y la sanidad y por encima del gasto destinado a educación. El estudio también advierte de que España registra una de las mayores tasas de crecimiento del absentismo por incapacidad temporal de la Unión Europea.
Las bajas aumentan un 44% desde 2018
Entre 2018 y 2024, el absentismo por incapacidad temporal aumentó un 44% en España. El país registra actualmente una media de 4,9 semanas perdidas por enfermedad por trabajador y año, la cifra más elevada entre los países de la OCDE, con un incremento del 69% desde 2018, frente al 15% de media registrado en el conjunto de la organización.
El análisis muestra además una elevada concentración de las bajas. Según los datos de Umivale Activa, el 16,2% de los trabajadores concentra el 69,3% de los procesos de incapacidad temporal y el 62,6% de los días perdidos.
Entre las causas que contribuyen a prolongar los procesos aparecen las patologías musculoesqueléticas y los problemas de salud mental, así como la duración de las bajas médicas.
Los menores de 35 años concentran más procesos
Por grupos de edad, los trabajadores menores de 35 años representan el 52% de los nuevos procesos de incapacidad temporal. Entre 2018 y 2024, la incidencia de las bajas en este colectivo aumentó un 152%, hasta alcanzar los 41 procesos por cada 1.000 trabajadores.
En el caso de los mayores de 55 años, el número de procesos se redujo un 27%, desde 33,8 hasta 24,6 por cada 1.000 trabajadores. Sin embargo, sus bajas presentan una duración media considerablemente superior: 80,2 días, frente a los 20,9 días de los menores de 35 años.
Por territorios, Las Palmas y Vizcaya, ambas con un índice del 8,64%, presentan las mayores tasas de bajas, mientras que Jaén registra la menor, con un 4,04%.
La alimentación supera el 7% de absentismo
El problema adquiere especial relevancia en actividades intensivas en empleo. En las empresas de gran consumo, los niveles de absentismo por incapacidad temporal se sitúan por encima de la media nacional, fijada en el 5,94%.
Dentro de la cadena alimentaria y de gran consumo, la tasa alcanza el 7,56% en logística, el 7,15% en la industria de la alimentación, el 6,48% en el transporte terrestre y el 6,15% en el comercio minorista.
Estas cifras evidencian el impacto que las bajas pueden tener sobre sectores donde la disponibilidad de mano de obra resulta especialmente relevante para garantizar la continuidad de las operaciones.
AECOC reclama coordinación y nuevas soluciones
El presidente de AECOC, Ignacio González, defendió que el absentismo constituye un problema estructural que requiere la colaboración entre empresas, trabajadores y administraciones.
El informe identifica las listas de espera del sistema sanitario como uno de los factores que pueden prolongar las bajas. Las demoras en Atención Primaria, el acceso a pruebas diagnósticas y determinadas intervenciones quirúrgicas pueden ampliar los periodos de incapacidad temporal.
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Ante esta situación, AECOC plantea mejorar la coordinación entre los servicios públicos de salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las empresas. Tres de cada cuatro compañías participantes en el estudio cuestionan, además, la eficacia del marco regulador actual.
La asociación subraya que estas propuestas no cuestionan la protección de los trabajadores que se encuentran realmente enfermos y apunta también a la necesidad de mejorar las condiciones laborales y reforzar los programas de bienestar.
Entre las medidas planteadas figuran el recurso a servicios médicos propios o externalizados, un mayor seguimiento de los procesos de incapacidad temporal, la cobertura sanitaria privada complementaria y programas de apoyo psicológico.
